El discurso de la derecha: ¿síntoma de una crisis de crecimiento?

El discurso de la derecha: ¿síntoma de una crisis de crecimiento?

 

Javier Franzé*

 

El debate de investidura ha mostrado lo que vendrá. Contra la idea de que lo importante es lo que se “hace” y no lo que se “dice”, según la cual los debates parlamentarios son irrelevantes porque en ellos sólo “se habla”, los discursos del 4 y 5 de enero han sido muy significativos pues han mostrado las dos concepciones de la política con las que los actores ya están actuando.

Las tres derechas han operado con dos ideas-fuerza. La primera es refugiarse en la defensa irrestricta de la ley vigente. Pretenden así pasar por defensoras del Estado de Derecho para alejarse del pasado más o menos franquista. Pero defender el Estado de Derecho democrático no equivale exclusivamente a defender la ley vigente, sino el principio general del gobierno de la ley y de la igualdad de todos ante ella. Toda ley —sobre todo en democracia— es una foto de la voluntad popular, que es una película. Por lo tanto, y siempre por mandato de la mayoría y dentro de la legalidad, la ley debe cambiar, justamente para adecuarse a esa voluntad general. Considerar lo contrario es oponer el orden dado a la soberanía popular; o, lo que es lo mismo, orden a democracia.

La segunda noción central del discurso de las derechas es la que coloca su idea de España por encima de la democracia. Las derechas tienen una idea esencialista de España, la que estiman indiscutible, y por eso la sitúan por encima del principio de soberanía popular. Por ello no consideran actores legítimos a los que no comparten su idea, sean diputados, gobiernos o partidos.

Una buena prueba de esto es cómo consideran a los diputados de EH Bildu. En lugar de valorar como una victoria de la democracia que ETA no actúe más y su antiguo brazo político haya entrado de lleno en la vía parlamentaria, siguen considerando a los diputados de Bildu “etarras”. Esa idea es coherente con esa noción esencialista de España de las derechas, pero no con la democracia liberal y el respeto de sus instituciones representativas, para la que las cosas no “son” algo para siempre, sino que más bien “están siendo” algo en el presente.

Son estas concepciones rígidas de la ley y de España las que permiten considerar “traidor” al Gobierno de coalición PSOE-UP por pactar con “etarras, comunistas y separatistas” y llamar al retorno del “PSOE constitucionalista”.

Pero hay algo más. Este esencialismo (“un vaso es un vaso y un plato es un plato”, según la expresión de Rajoy) es lo que genera a las tres derechas ese descomunal vértigo espiritual al leer el acuerdo entre PSOE y ERC. Casi más que su previsible desacuerdo ideológico. No casualmente tal acuerdo fue más tratado en la investidura que el único pacto de gobierno existente, el de PSOE y UP.

En efecto, el acuerdo PSOE-ERC señala un medio para alcanzar una posible solución, no propone la solución. Si no, sería superfluo. El mérito de este acuerdo es reconocer el carácter político y no jurídico del problema “catalán”, y por lo tanto asumir la imposibilidad de saber de antemano cuál puede ser la solución. Por eso ambas partes se deciden a explorarla, abiertas a la indeterminación. Esto es lo que diferencia a la ley de la política, aunque la primera sea producto de la segunda: si la ley otorga previsibilidad, certeza, regularidad, la política se abre a lo contingente, a la vacilación, a la búsqueda. La política se parece más a la democracia y a la soberanía popular, a su carácter de película, mientras que la ley se asemeja más a una foto —aunque menos de lo que suele pensarse—. En democracia, ambas se complementan, no pueden existir una sin la otra, pero la política prima, precisamente porque se parece más a la soberanía popular, al carácter fluido y contingente de toda voluntad.

Lo que vive España hoy puede ser una crisis de crecimiento. La democracia española se está enfrentando a los frutos de su propio éxito. Las identidades políticas durante mucho tiempo reprimidas por el temor al retorno del cainismo han comenzado a emerger. Es un síntoma de fortaleza democrática, de que ésta aguanta más peso, aunque vayan contra ella y quieran desfondarla. El modo de reacomodar democracia e identidades políticas de aquí en adelante deberá ser a través de la democratización de la idea de España —tarea pendiente de la Transición—, para que España no sea el atalaya desde el que castigar a los “traidores a España”, y así a la democracia misma, sino el resultado de la pluralidad de modos de sentirse parte de una misma comunidad política. Si ello ocurre, la frontera de España no será más la anti-España, sino los antidemócratas.

*Profesor de Teoría Política de Universidad Complutense de Madrid.

Fotografía seleccionada por el editor del blog.

Publicado en https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2020/01/07/el_discurso_derecha_sintoma_una_crisis_crecimiento_102540_2003.html

2 respuestas a “El discurso de la derecha: ¿síntoma de una crisis de crecimiento?

  1. Dice bien, sr Franzé , “La democracia española se está enfrentando a los frutos de su propio éxito”. Si el Parlamento hubiese respondido o respondiera a la soberanía popular democrática como tal, en términos contables de una persona un voto y no a la ley d’Hont, su contabilidad representativa provendría de todo el territorio del Estado tomado como circunscripción única y la matización territorial surgiría de su encuentro con el Senado.

    Pero de lo que no hay contabilidad ni protocolo posible sino condición necesaria es de que, para ocupar cualquiera de esos escaños, el reconocimiento del dolor causado al otro en los movimientos de liberación nacional, hayan sido diestros o zurdos, sea el único paso posible de un pueblo, si es que eso existe, a su realidad democrática (con la cual quizás exista, ‘après-coup’)

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    1. Muy de acuerdo Sr. Pablov,
      La ley d’Hont fue una manera de simplificar la posible aparición de la fragmentación política que hubiesen impedido el bipartidismo pendulante fàcil y redondeador de los problemas. Posiblemente fuese una buena fórmula en los primeros años de la transición. Pasar del partido único a decenas de partidos podía ser indigerible para la nueva democracia.
      Ahora ya sabemos que los problemas causados por la ley d’Hont van a ser difíciles de torear con bajo coste político y social.
      El pavor a los problemas territoriales (que son reales e inevitables) se remitieron a un senado pensado precisamente para no acoger esos problemas. Debería modificarse el senado para que pudiese acoger, debatir y buscar salidas a la territorialidad española.
      Finalmente un comentario que se evita en los media y se hurta del debate público: los independentistas catalanes, vascos y en menor medida gallegos y canarios, no pretenden su “total” independencia, les llevaría a ser naciones o estados fallidos (ver trilema de Rodrik) . Lo que pretenden es un trato de favor que sin renunciar a las ventajas del Estado español actual les conceda la hegemonía política en su “tierra” para precisamente alzarse con el poder grupos concretos evitando así que la verdadera democracia les impida sus “rufianescos” objetivos.
      Esperemos que mas pronto que tarde surjan buenos estudios de lo que verdaderamente pretenden los partidos independentistas en España. Fíjense que si la totalidad de esos partidos se uniesen podrían ser un partido predominante o cuanto menos decisorios en el modelo bipartidista español. Pero no pueden unirse, puesto que en caso de hacerlo ya serian un partido nacional como lo son PP o PSOE y ya no tendrían razón de existir.

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