Rosa María Rodríguez Magda*

En los últimos tiempos, existe un avivado debate en torno a las nociones de “identidad de género o sexual”, introducidas subrepticiamente en diversas iniciativas legislativas: el anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, duramente criticado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Pero no debemos olvidar las que quedaron pendientes de aprobación, como la proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, del 12 de mayo de 2017, y la proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, del 2 de marzo de 2018.

No hay nada que objetar, indudablemente, a la necesaria garantía de la libertad, la no discriminación y los derechos de cualquier opción sexual. Sin embargo, para este cometido no es necesario incluir, a hurtadillas, discutibles supuestos teóricos, sustituir el sexo por el género o abogar por la libre autodeterminación de la identidad sexual, todo ello injustificado científicamente y de problemáticas consecuencias sociales y legales.

Centrándonos en las citadas proposiciones de ley estatal, tanto estas como las leyes al respecto ya aprobadas en diferentes autonomías parten de un postulado teórico que, al menos, parece precipitado: el sexo pasa a ser algo elegible, es decir, independiente del sexo biológico, la verdadera identidad sexual del individuo se encuentra en el “género sentido”, luego es algo subjetivo, no comprobable de manera objetiva. De esta mera certeza íntima, se infiere que una persona pueda cambiar la denominación administrativa de su sexo (hombre o mujer) por su sola voluntad, sin necesidad de ningún informe médico psicológico ni hormonación previa. No obstante, si opta por la transformación médica y quirúrgica de su cuerpo, también en los niños se respetará esta opción, para ello se le suministrará bloqueadores de la pubertad a fin de que no desarrolle caracteres secundarios del sexo no deseado. Recordemos que la Ley 3/2007, del 15 de marzo, regulaba ya la rectificación registral de cambio de sexo para personas transexuales y que la atención médica y quirúrgica está cubierta por la sanidad pública. La novedad de las nuevas proposiciones es la pretensión de reconocer el derecho a la libre autodeterminación del sexo por la simple elección personal.

Ahora bien, ¿un sentimiento íntimo puede producir efectos legales? En ningún otro caso de la legislación, un “yo me siento” inocente, rico, pobre, de determinada nacionalidad, cualificado sin titulación, etcétera es tomado en cuenta si no comporta posibilidad de verificación. ¿No subvierte eso las bases objetivas del Derecho?

El hecho de que la simple voluntad pueda hacer que un hombre se declare mujer y sea considerado tal a todos los efectos legales entra en colisión con los logros de protección de las mujeres, por ejemplo, la Ley contra la Violencia de Género, la necesidad de espacios reservados (baños, vestuarios, casas de acogida, cárceles…) o la concesión de ayudas. También genera perjuicios en las competiciones deportivas, y distorsionaría cualquier estadística: los datos desagregados por sexo son imprescindibles para luchar contra las desigualdades sufridas por las mujeres.

Las reticencias del movimiento feminista se centran en que la opresión de las mujeres se basa en su utilización como objetos sexuales y reproductivos, y ello ocurre por su sexo biológico; negar la relevancia de esta es invisibilizar la opresión que el feminismo denuncia. Ser mujer no es una mera elección subjetiva, ni una cuestión de maquillaje, se inscribe en un cuerpo, en una encarnadura, en una capacidad de engendrar, parir, menstruar… Se nos socializa de manera desigual y jerárquica, y es esa estructura de poder la que debe ser denunciada y superada de manera colectiva, no asumiendo de forma individual una identidad diferente sin cuestionar los modelos de masculinidad y feminidad. Esto diluye la fuerza reivindicativa del feminismo y del sujeto “nosotras, las mujeres”, ahora cuestionado por teorías tan en boga como la queer. No podemos aceptar el borrado de las mujeres, ni siquiera con la excusa del lenguaje inclusivo, como cuando legislativamente se hace desaparecer el término “madre” sustituido por “progenitor gestante”.

El feminismo ha defendido la diversidad de opciones sexuales, pero, específicamente, ha luchado siempre por superar esa visión naturalizada y jerárquica de los géneros que conforma estereotipos inflexibles sobre lo que cada sexo debe ser, desear y cómo debe comportarse. Ha denunciado ese modelo restrictivo de la buena esposa, la buena madre, el ángel del hogar, la honesta y la casquivana, la Barbie…, luego difícilmente podrá concordar con cualquier activismo que defienda la existencia rígida de esos géneros, y que considera más factible cambiar el cuerpo de las personas para adaptarse a ellos antes que cuestionarlos.

Unas leyes que comienzan abogando por la diversidad sexual, para después promover el acompañamiento quirúrgico como solución, aceptar los estereotipos, asumir la idea de “un cuerpo equivocado”, y todo ello sin la menor crítica a dichos géneros tradicionales de masculinidad y feminidad, no son progresistas, sino regresivas. Un niño no nace en un cuerpo equivocado, nace en una sociedad equivocada que no admite su singularidad. Necesitamos leyes que protejan a esos niños, no los encaminen a bloqueadores de la pubertad, y después a tratamientos hormonales y quirúrgicos que los hagan medicodependientes de por vida.

¿Realmente estamos seguros de que la solución para el desajuste entre el sexo biológico y el género deseado es encauzar a las personas a la hormonodependencia, la cirugía y la medicalización? ¿Valoramos de manera suficiente los efectos patológicos a largo plazo, sobre todo en niños? Y si bien para los adultos hay que reconocer su libertad de elección, en el caso de los niños todos somos éticamente responsables de ofrecerles el mejor futuro psicológico saludable.

Hay un movimiento internacional legislativo hacia leyes de identidad y autodeterminación del género que, a mi modo de ver, no toma en cuenta estos aspectos señalados. Quizás tampoco hemos reflexionado suficiente sobre los efectos problemáticos colaterales que una acción justa pero emocional y apresurada pueda conllevar. Y no olvidemos que una persona sana permanentemente medicalizada resulta rentable para algunas industrias farmacéuticas. Lo bien cierto es que este tema se está utilizando para desacreditar al feminismo presentándolo como transexcluyente (TERF), llegando al insulto, las amenazas y el boicot profesional, cuando solo se intenta llevar a cabo una reflexión. Y ello ocurre ahora que el feminismo está obteniendo una fuerza multitudinaria impresionante, fuerza muy molesta para los lobbies de la prostitución y de los vientres de alquiler. Un feminismo dividido o desacreditado es mucho menos efectivo y eso beneficia a muchos sectores.

Creo necesario abrir un periodo de información y reflexión. España, que fue pionera en el matrimonio homosexual y en leyes para la igualdad de género, podría liderar una reforma legislativa, también internacionalmente pionera, por medio de la cual defienda los derechos de opciones sexuales y de género y proteja a colectivos vulnerables, sin que ello implique la introducción de nociones discutibles y la colisión con las medidas ya existentes de protección de las mujeres frente a una desigualdad estructural y frente a la violencia. Nos lo merecemos todos como sociedad avanzada.

*Filósofa y escritora.

Fotografía seleccionada por el editor del blog.

Publicado con la amable autorización de la autora.

Fuente: https://elpais.com/opinion/2020-06-24/feminismo-e-identidad-sexual.html

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Carta abierta al Gobierno de España ante su intención de poner en marcha leyes que, bajo la etiqueta de la identidad de género, lo que pretenden es un imposible: la autodeterminación del sexo

Ante la apertura, por parte del Ministerio de Igualdad, del trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo que denominan “ley trans”

EXPRESAMOS:

Que consideramos urgente un debate amplio y veraz sobre los términos y supuestos que contendría una ley de esa naturaleza, dadas las previas proposiciones de ley similares (122/000097 de 2017 y 122/000191 de 2018), y las leyes aprobadas en diversas Comunidades Autónomas, que incluyen nociones problemáticas y evidentes colisiones con algunas otras normas superiores.

Creemos necesario preservar la distinción y no confusión de los conceptos de sexo y género: el sexo como realidad biológica constatable y el género como constructo cultural de estereotipos.

Para el feminismo, el género ha sido siempre esa construcción jerárquica de los estereotipos sexuales que ha fundamentado la desigualdad y la opresión de las mujeres. Observamos con preocupación cómo, en lugar de rechazar tales estereotipos, se pretende presentarlos como una opción elegible, sin impugnar el sustrato de poder que conllevan. La expresión “género sentido” o “sexo sentido” aluden a algo esencializado y subjetivo, inverificable en sus consecuencias jurídicas, más allá del sentimiento interno.

El respeto a la diversidad es condición necesaria para una justa convivencia, pero no suficiente para resolver la desigualdad estructural entre los sexos. Pensamos que ello solo será posible aboliendo el género, no con su perpetuación o diversificación. La diversidad elegible no subvierte nada por sí misma.

Si bien la sexualidad está influida por la cultura, no podemos negar que el sexo es un dato objetivo en sus aspectos genético, gonadal, hormonal, anatómico y genital. No puede hablarse de “autodeterminación del sexo” como ejercicio de la libre voluntad.

Abogamos por la libertad de sentimiento, de expresión, de elección sexual, estética o de comportamiento, y por la garantía del derecho a la no discriminación a causa de ello. Pero pretender que el ser mujer u hombre es una mera elección desdibuja la realidad material del sexo, justo aquello que determina el género en que se nos socializa.

Minimizar los condicionantes que el sexo comporta, sobre todo de opresión para las mujeres, secularmente utilizadas como objetos sexuales y reproductivos, (prostitución y vientres de alquiler), es hacerle el juego a la visión patriarcal y misógina, así como perpetuar dicha opresión.

El feminismo es una teoría ética y política de cambio social que tiene por objeto aumentar las capacidades, derechos y libertades de las mujeres, y, como consecuencia, la calidad política y moral de la sociedad en su conjunto; no impide la adhesión de quienes sientan como propias sus reivindicaciones. El feminismo es un cambio global del que las mujeres constituimos la vanguardia por derecho propio.

Creemos, además, necesario un acompañamiento psicológico a las y los menores disidentes de la normativa de género, que contemple acciones de apoyo y autoafirmación, sin necesidad de etiquetarlos previamente como “niños/niñas trans” y encaminarlos hacia los bloqueadores de pubertad. Es preciso investigar los efectos a largo plazo de la hormonación y medicalización, así como prever un posible cambio de parecer en el futuro, con el añadido de la imposibilidad de revertir acciones quirúrgicas y hormonales agresivas.

En las proposiciones de ley ya citadas, y en muchas de las leyes aprobadas en las Comunidades Autónomas, no parece suficientemente garantizada la libertad de ayuda psicológica sino que se los encamina a la transición, lo que se convierte en un proceso coactivo para la infancia y las y los profesionales de la salud

El lenguaje inclusivo no consiste en la ocultación de las mujeres, como por ejemplo sustituyendo a las madres por el término “progenitor gestante”. Las mujeres no somos “cuerpos feminizados”, ni “cuerpos menstruantes”, ni es una ofensa para nadie que podamos hablar de nuestras vaginas, reglas y embarazos. Existe toda una neolengua que invisibiliza y borra a las mujeres con la excusa de la inclusividad.

Negar la relevancia del sexo y encaminarnos hacia una supuesta autodeterminación de éste según el género elegido, colisiona con las leyes de igualdad y de violencia de género, y condiciona aspectos y olvidos en las leyes de libertad sexual o de protección de la infancia, como algunos y algunas juristas vienen apuntando.

La defensa de las mujeres, el mantenimiento de los espacios reservados, las cuotas, las ayudas, la diferenciación por sexos en competiciones deportivas, o los datos desagregados por sexo para analizar el comportamiento social o tomar medidas frente a las desigualdades entre los sexos son otros de los derechos conculcados si se sustituye sexo por género sentido.

Todo lo que venimos señalando constituye un debate trascendental, ético y político, que no se puede hurtar a la opinión pública porque tiene graves consecuencias prácticas. El debate debe de ser amplio, profundo, abierto y multidisciplinar. No queremos dar pasos en falso que en realidad ponen en peligro la garantía de los derechos LGTBI. El respeto a la diversidad sexual no implica olvidar nociones jurídicas elementales o vulnerar derechos reconocidos. Las personas firmantes de este escrito nos posicionamos a favor de la libertad personal y de la libertad de expresión. Nunca es legítimo restringir esta libertad so pretexto de supuestos “delitos de odio”.

En definitiva, reclamamos una reflexión seria sobre todos estos aspectos, y puesto que la ley que el Ministerio de Igualdad dice querer preparar alude a conceptos ambiguos y jurídicamente inseguros que modifican lo que se entiende por sexo, género, identidad, diferencia sexual, salud, derechos e igualdad.

INSTAMOS a que se convoque a asociaciones y personas expertas de todos los ámbitos implicados, asociaciones feministas, asociaciones lgtbi, profesionales de la psicología, la medicina, el ámbito jurídico…, abriendo al público la información precisa y contrastada. Estamos ante una situación grave que sin duda compromete a nuestra juventud y a las generaciones futuras.

Ángeles Álvarez, Laura Freixas, Marina Gilabert, Alicia Miyares, Rosa María Rodríguez Magda, Victoria Sendón de León, Juana Serna y Amelia Valcárcel.