Luis Seguí*

Septiembre de 2023

En enero de 1973 mi mujer y yo pasamos una semana en Santiago de Chile, donde nos reencontramos con algunos compañeros de militancia exiliados para eludir la represión de la dictadura argentina encabezada por el general Lanusse que, aún agonizante, no cesaba en su feroz política represiva. Juntos marchamos por las calles con las columnas que se dirigían al Estadio Caupolicán, al acto convocado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) donde escucharíamos, en un recinto abarrotado, el vibrante discurso de su secretario general, Miguel Enríquez, muy crítico con el Gobierno de Salvador Allende. Con la distancia del tiempo la escena transmite una sensación de irrealidad; manifestándonos en la avenida que conducía al acto protegidos por los pacos, como popularmente se conoce a la policía militarizada -los Carabineros-, y dentro del estadio al son de La Internacional, puños en alto, mezclados entre los militantes y simpatizantes miristas, ahora se me antoja como lo que tal vez fue: un sueño, un ejercicio de voluntarismo en medio de un ambiente político y social que prefiguraba la tragedia inminente que se desencadenaría nueve meses más tarde, y que sin ser nosotros conscientes anticipaba la réplica que tres años más tarde sumiría a la Argentina en su propio drama. Antes de que finalizara ese año Miguel Enríquez y muchos de sus compañeros serían asesinados por los militares golpistas, y miles de militantes o simples simpatizantes de izquierdas -en particular miembros del Partido Comunista, el más grande de América Latina después del cubano, con una fuerte inserción en la clase obrera- eran detenidos, torturados, encarcelados, enterrados sin tumba o arrojados al mar, una práctica esta de la que los militares argentinos serían voluntariosos imitadores.

Tardaríamos demasiado tiempo en comprender que la Revolución Cubana, al tiempo que abrió las puertas a la ilusión de un cambio radical a escala continental, cerró esas mismas puertas a cualquier posibilidad de emular su ejemplo en otros países, al subestimar fatalmente el poder del imperio norteamericano y su decisión de impedir como fuera la emergencia de una experiencia similar a la gesta revolucionaria triunfante en la isla. De ahí que con la sola excepción de Nicaragua, donde el sandinismo llegó al poder en 1979 gracias a la política de derechos humanos de Jimmy Carter -rápidamente rectificada por Ronald Reagan, que instrumentó una oposición armada y financiada por la CIA-, todas y cada una de las organizaciones armadas que a lo largo y ancho de América Latina se enfrentaban a sus respectivas oligarquías gobernantes serían sistemáticamente reprimidas y derrotadas al amparo de la doctrina de la Seguridad Nacional impuesta desde Washington a los ejércitos de cada país.

El 3 de noviembre de 1970 Salvador Allende asumió la presidencia de Chile encabezando la candidatura de la Unidad Popular, una coalición integrada por los partidos Socialista y Comunista como principales fuerzas, además de otros como el Partido Radical, el Social Demócrata y el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria). La UP había conseguido en las elecciones celebradas el 4 de septiembre el 36,6% de los votos, a los que se sumó el 27,8% del Partido Demócrata Cristiano, controlado por su ala más de izquierdas liderada por Radomiro Tomic, mientras que el candidato conservador, Arturo Alessandri, obtuvo un 34,9%, por lo que Allende fue proclamado como presidente el 24 de octubre de 1970 por el Congreso Nacional por 153 votos frente a 35 de Alessandri.  Que un marxista declarado y estrechamente vinculado a Cuba y a los demás países de la órbita soviética accediera al poder por medios democráticos, con un programa que incluía la estatización de áreas claves de la economía, la nacionalización de la gran minería del cobre, la aceleración de la reforma agraria, el control de los precios de las mercancías y notables mejoras en las retribuciones de los trabajadores, representaba un durísimo golpe a la política exterior de los Estados Unidos de alcance imprevisible. En particular mirando hacia Europa y en especial hacia Italia, el país donde el PCI era el partido comunista más importante y numeroso del mundo occidental, cuyos dirigentes estaban explorando la posibilidad de una alianza con el sector de la democracia cristiana liderado por Aldo Moro que podría dar forma al llamado “compromiso histórico”, poniendo en riesgo toda la estructura defensiva europea construida durante la Guerra Fría. En cuanto se conoció el resultado de las elecciones el Gobierno norteamericano de Richard Nixon activó a través de la CIA un plan que constaba de dos fases, con el objetivo de impedir el acceso de Salvador Allende a la presidencia con la intención de reeditar el éxito conseguido en las elecciones del año 1964, en las que se impuso el democristiano Eduardo Frei Montalva. Entre 1962 y 1964, según documentos desclasificados, la CIA había financiado con 2,6 millones de dólares la candidatura a presidente de Frei Montalva, y gastado otros 3 millones en propaganda contra la candidatura de Salvador Allende destinada a sembrar el miedo entre los votantes.

En las elecciones de 1970 la CIA se creyó sus propias encuestas, que darían a Alessandri como ganador, por lo que apenas invirtieron 350.000 dólares -a través de la empresa International Telephone & Telegraph- para apoyar su campaña. No contemplaron la posibilidad de que una alianza de la Unidad Popular con el Partido Demócrata Cristiano dejara en la cuneta al candidato de la derecha, y ante esta situación inesperada pusieron en acción la fase del plan conocida como Track One, queconsistía en forzar al Congreso a elegir a Arturo Alessandri como presidente y que este, previa renuncia al cargo, convocara unas nuevas elecciones con Eduardo Frei como candidato. Constatado el fracaso de esa primera fase, y ante la evidencia de que la investidura de Salvador Allende como presidente de Chile era inevitable, se inició la fase denominada Track Two tendente a crear un clima de inestabilidad política que obligara a las Fuerzas Armadas a intervenir anulando el resultado de las elecciones, evitando así que Allende asumiera la presidencia. El 22 de octubre un comando ultraderechista controlado por el general Roberto Viaux interceptó el vehículo en el que se desplazaba el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército que había declarado que respetaría el proceso constitucional, con la intención de secuestrarlo y mantenerlo en esa condición como parte del plan que, supuestamente, desencadenaría la reacción de los militares y daría paso a un golpe institucional. El secuestro se frustró ante la resistencia que opuso Schneider, que resultó gravemente herido y fallecería dos días más tarde, coincidiendo con la proclamación como presidente de Salvador Allende. Durante el primer año de su gobierno Allende impulsó una política de reactivación económica; se estatizaban empresas consideradas clave o se compraban sus acciones a través de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), se nacionalizó la gran minería y se amplió el alcance de la reforma agraria que había iniciado Eduardo Frei. A finales de 1971 la Corporación de la Reforma Agraria había expropiado 2 millones de hectáreas al tiempo se multiplicaban las ocupaciones de facto de tierras, generando enfrentamientos violentos entre los campesinos y los propietarios, con el resultado de una primera víctima mortal: un pequeño campesino del sur del país al que mataron cuando trataba de impedir la ocupación de su pequeña explotación.

Apenas transcurrido un año del gobierno de la UP el crecimiento de la economía se estancó, aumentó la inflación y el déficit de las finanzas públicas, las reservas en dólares bajaron a la mitad, se multiplicó el déficit de la balanza comercial tras la abrupta caída del precio del cobre, y como respuesta el Gobierno suspendió el servicio de la deuda externa; a pesar del control de los precios el desabastecimiento se incrementó, y con él apareció un floreciente mercado negro al que las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) creadas por el Gobierno se mostraban impotentes. A pesar de todo, en las elecciones municipales de marzo del ´71 la Unidad Popular consiguió el 49,73% de respaldo en las urnas. También a finales de ese año Fidel Castro hizo a Salvador Allende un regalo envenenado: una visita a Chile que iba a durar 10 días se prolongó 23, con un Castro de uniforme verde olivo recorriendo el país arengando a su público, un gesto que asustó a la clase media y que los militares chilenos vivieron como una humillante ofensa. Allende rectificó la tradicional política exterior chilena, muy pegada a los Estados Unidos, promoviendo un acercamiento a muchos otros países ignorando las fronteras ideológicas y con una clara orientación en favor de la integración latinoamericana. Muy crítico con la Organización de Estados Americanos -conocida como el “ministerio de colonias” de Estados Unidos- y con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), Allende era un ferviente defensor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y además se adhirió al Movimiento de los No Alineados, un gesto más de desafío a Norteamérica junto con las propuestas de establecer una moratoria de diez años en el pago de la deuda y crear un banco central latinoamericano que invierta las reservas en el desarrollo de la región. Como respuesta a nivel diplomático, Richard Nixon y Henry Kissinger alentaron un boicot contra el Gobierno chileno bloqueando el acceso a los créditos internacionales mientras que las compañías mineras de capital norteamericano nacionalizadas -Anaconda y Kennecott- instaron procedimientos en los tribunales europeos pidiendo el embargo del cobre chileno.

Con todo, no sería la diplomacia la que iba a determinar el fin del experimento socialista impulsado por Allende y la Unidad Popular, sino la acción clandestina monitoreada por la CIA, que estaba desplegando la fase Track Two a todos los niveles de la sociedad chilena, incrementando la crisis económica y al mismo tiempo generando actos violentos. El asesinato de un ex ministro de Frei por una fantasmal organización de ultraizquierda, Vanguardia Organizada del Pueblo, fue el pretexto utilizado por el Partido Demócrata Cristiano para abandonar la colaboración con el Gobierno y asociarse con los conservadores del Partido Nacional. Por su parte el MIR y el sector más radical del Partido Socialista, liderado por Carlos Altamirano, multiplicaban la toma de fábricas y fincas rurales sin que las autoridades lo impidieran, generando un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el legislativo. Una reforma constitucional aprobada con los votos del PDC y el PN que limitaba las estatizaciones y revertía las requisiciones ya efectuadas fue vetada por Allende, desafiando al Senado que la había refrendado. La polarización de la sociedad chilena se acentuaba al tiempo que en las calles eran cada vez más frecuentes los enfrentamientos violentos entre militantes de izquierda y los del grupo ultranacionalista Patria y Libertad. Durante el año 1972 la crispación estuvo alimentada por la prensa de derechas –El Mercurio y otros medios opositores recibieron ayuda monetaria de la CIA- y en octubre los gremios patronales decretaron un paro nacional encabezado por la Agrupación de Dueños de Camiones, lo que agravó aún más el desabastecimiento de la población; a este paro se sumaron otros gremios de profesionales: médicos, abogados, ingenieros, profesores y estudiantes, entre muchos otros, que contribuyeron a la práctica paralización del país. En una maniobra desesperada, Allende nombró a tres altos mandos militares para dirigir sendos ministerios, poniendo el de Interior en manos del general Carlos Prats, un militar respetuoso del orden constitucional, con lo que el paro se levantó.

Los ministros militares dejaron el gabinete al celebrarse elecciones parlamentarias en marzo de 1973, dieron a la Unidad Popular el 43,5% de los votos, pero el Gobierno había perdido el apoyo de la mayoría social del país. Consciente del deterioro de la situación, Allende intentó un acercamiento con la Democracia Cristiana con la mediación del cardenal Raúl Silva Henríquez, iniciativa que fracasó ante la negativa de la UP a ceder a las exigencias de los democristianos -muy probablemente enterados de que el golpe militar era imparable- que querían imponer un gabinete de ministros militares con poderes muy amplios que, en la práctica, ataría de manos a Allende. Ante el bloqueo de una salida consensuada a la crisis, Allende inició una huida hacia adelante impulsando la aplicación del proyecto llamado Escuela Nacional Unificada, que se anunciaba como la sustitución de los planes educativos basados en los valores del capitalismo por otros, inspirados en “el hombre nuevo” del socialismo, y que se encontró con la activa oposición de sectores estudiantiles liderados por la derecha que protagonizaron violentos choques callejeros con agrupaciones de las juventudes socialista y comunista. Para entonces, entre 1970 y abril de 1973, la violencia política había ocasionado casi cien muertos en todo el país. El 17 de abril comenzó una huelga en la mina de cobre El Teniente que se prolongaría durante 74 días, con violentos enfrentamientos en las calles a los que el Gobierno respondió declarando el área afectada “zona de emergencia”. Como en el caso del paro de los camioneros, el lucro cesante por la pérdida de ingresos y salarios de los huelguistas sería financiada con recursos aportados por la CIA.

El 29 de junio el coronel Roberto Souper, que mandaba un regimiento blindado, sacó por su cuenta algunos carros de combate y cerca de cien soldados a la calle y atacó el Palacio de La Moneda, que fue defendido con éxito por el mismo general Prats. La tentativa se saldó con 22 muertos y 32 heridos. El 27 de julio un comando de Patria y Libertad asesinó al capitán de navío Arturo Araya, edecán naval de Allende, y el 7 de agosto la Armada denunció un intento de infiltración en sus filas acusando a Carlos Altamirano, Óscar Garretón y Miguel Enríquez como sus promotores. En realidad, lo que ocurrió fue que personal subalterno de la Armada dio a conocer la conspiración en la que participaban los altos mandos contra el Gobierno, por lo que fueron arrestados y torturados obligándolos a alterar la versión de los hechos. Así me lo confió personalmente en 1978 uno de aquellos marinos cuando ambos compartíamos el estatus de refugiados en Suecia.

El 9 de agosto Allende volvió a llamar a los militares en su auxilio, conformando un gabinete de ministros encabezado una vez más por el general Prats, el único de ellos que se mantendría fiel al Gobierno hasta el final. A estas alturas un nuevo paro de los transportistas amenazaba dejar al país desabastecido. El choque con el Poder Judicial se había estado profundizando desde el año anterior, cuando los jueces ordenaron que se devolvieran a sus propietarios originales varias las empresas expropiadas o requisadas; las autoridades administrativas se negaron a prestar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la orden, por lo que la Corte Suprema acusó al Ejecutivo de alentar una “perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país”, a lo que Allende respondió acusando a “ciertos sectores del Poder Judicial de no comprender el proceso de transformación que vive el país y que expresa los anhelos de justicia social  de grandes masas postergadas”. El 22 de agosto la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República, acusando al Gobierno de   adoptar medidas de control económico y político para luego instaurar un sistema totalitario, reprimir con violencia a los opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas, instando a los ministros militares a poner fin a la situación. Coincidentemente, los colegios profesionales de médicos y abogados remitieron una carta al presidente en la que solicitaban su renuncia al cargo. La crisis institucional llegó al extremo de que Allende contempló la posibilidad de llamar a un plebiscito, una idea a la que se opuso terminantemente el Partido Socialista -junto con el MIR, la izquierda de la Democracia Cristiana y una fracción del MAPU- al considerar que acudir al plebiscito supondría una renuncia a los logros conseguidos por el Gobierno de la Unidad Popular. Agotadas las negociaciones dentro del bloque gubernamental, en la noche del 10 al 11 de septiembre Allende debatió con los ministros y algunos de sus consejeros la posibilidad de anunciar en un discurso a la nación la convocatoria del plebiscito, contemplando incluso la alternativa de un referéndum en la hipótesis de que la primera opción resultara fallida, aparentemente con la intención de rebajar la tensión creciente entre los militares. El día 9 de septiembre Miguel Enríquez y Carlos Altamirano, en nombre del MIR y del sector más radicalizado del Partido Socialista, celebraron conjuntamente un gran acto en Santiago en el que reivindicaron la lucha armada contra la burguesía y el capitalismo en contra de la política defendida por el Gobierno de la Unidad Popular y por el propio Allende, un brindis al sol completamente irresponsable dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que ni uno ni el otro contaban con los cuadros y las armas imprescindibles para llevar a la práctica semejante aventura. Por esas mismas fechas el general Prats había sido víctima de escraches a las puertas de su casa protagonizados por esposas de altos mandos e incluso militares de paisano, que le insultaron y apedrearon, un episodio que terminó por minar su resistencia al comprobar que no contaba con la solidaridad de sus camaradas, muchos de los cuales se negaron a reafirmar la lealtad hacia él. Allende aceptó la dimisión del general Prats, y a continuación cometió su último y fatal error al nombrar al general Augusto Pinochet para sustituir a aquel como jefe del Ejército. De este modo la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, además del cuerpo de Carabineros, ejecutaron conjuntamente y sin fisuras el golpe de Estado que el día 11 acabó con el Gobierno de Salvador Allende.  

El interrogante de si ese trágico final se podría haber evitado, en la hipótesis de que Allende hubiera aceptado la rendición tal y como le exigieron los militares golpistas que contactaron con La Moneda en la mañana del día 11, no tiene respuesta. En el supuesto de que Pinochet y los suyos hubieran conseguido que Allende abandonara La Moneda y se entregara, es sumamente improbable que hubieran respetado su vida porque cualquier posible resistencia al golpe se habría aglutinado alrededor suyo, por lo que el suicidio del presidente -aunque durante años y por razones de conveniencia política se acusara a los golpistas de asesinarlo- a la postre benefició a los militares desde el punto de vista propagandístico. El nuevo poder demostró desde el principio su decisión de eliminar cualquier oposición poniendo en práctica una política represiva sin límites fronterizos. Pocas semanas después del golpe Miguel Enríquez fue asesinado, y con él otros dirigentes y numerosos militantes del MIR, además de comunistas y socialistas; Carlos Altamirano se refugió en la clandestinidad durante dos meses, hasta que pudo atravesar la frontera argentina con la ayuda de personal de la embajada de la República Democrática Alemana. En los años siguientes Altamirano esquivó tres atentados contra su vida mientras viajaba por distintos países denunciando los crímenes de la dictadura. El general Prats y su esposa murieron en Buenos Aires, donde se habían refugiado, por el estallido de una bomba que agentes chilenos colocaron en su automóvil; otro tanto le ocurrió al general boliviano Juan José Torres y su mujer, también en Buenos Aires. Orlando Letelier, ex ministro de Defensa en el Gobierno de Allende, fue víctima de otra bomba colocada en su coche, nada menos que en Washington. Aún está pendiente el pronunciamiento de la justicia chilena acerca de los informes forenses que acreditarían que Pablo Neruda habría sido asesinado estando ingresado en un hospital; el poeta tenía planeado dejar el país una semana después del golpe. La dictadura quería impedir por todos los medios que aquellos que habían podido escapar de Chile hicieran oír su voz en denunciando al pinochetismo en el ámbito internacional.

ADENDA:

Cuando aún era Senador Salvador Allende pasó fugazmente por Córdoba, donde se reunió con un reducido grupo de gente -profesionales, algún dirigente sindical e intelectuales vinculados al grupo de Pasado y Presente– para cambiar ideas sobre las perspectivas de la izquierda en América Latina, un encuentro en el que hubo ocasión de escuchar su visión acerca de la situación política de su país. Allende venía precedido de su fama de ser “la mejor muñeca política de Chile”, en alusión a su reconocida habilidad para sobrevivir en la cúpula del Partido Socialista en medio de batallas muy enconadas dentro de la organización, y continuar siendo el candidato presidencial después de tres derrotas. Varios amigos y compañeros que participaron en la conversación coincidieron en señalar la impresión que les había causado la personalidad de Allende, en particular por el rigor de sus comentarios, la firmeza ideológica -se mostró como un marxista convencido-, la confianza en sí mismo que transmitía cuando exponía sus proyectos, y la certeza con la que sostenía que sería el próximo presidente de Chile, una profecía que se cumpliría al cabo de dos años. Es comprensible la alegría y el entusiasmo con que observábamos entonces desde Argentina el triunfo de la Unidad Popular y los primeros pasos del Gobierno de Allende, que avanzaba en el cumplimiento de sus promesas electorales con un alto grado de aprobación ciudadana: ¿sería posible, en verdad, una vía pacífica al socialismo? ¿soportaría la burguesía chilena, en un país extremadamente clasista y desigual, la pérdida de sus privilegios, incluido el control de la economía? ¿y los militares, dejarían hacer?   

En el momento de euforia que vivíamos ignorábamos que la conspiración para voltear el Gobierno de Allende había empezado nada más ganar las elecciones en octubre de 1970, inspirada y financiada por el Gobierno estadounidense. “No podemos permitir que porque el pueblo chileno se haya vuelto loco tengamos otra Cuba”, se dice que manifestó Henry Kissinger al enterarse del resultado electoral. El plan de sabotaje de la economía chilena, sometida a un hostigamiento sin tregua hasta que la repercusión del desabastecimiento golpeó a los sectores más vulnerables de la población,  fue un crescendo alimentado durante prácticamente tres años que operó en todos los ámbitos de la sociedad chilena hasta conseguir que más de la mitad -en realidad casi dos tercios- del país recibiera el golpe militar como un resultado inevitable del deterioro de la situación política y económica, y por gran parte de la clase media incluso con alivio. Es inevitable concluir que Allende no percibió la gravedad de la situación -sea porque carecía de fuentes de información fiables que no estuvieran intoxicadas por sus adversarios, sea porque había perdido el contacto con la realidad de la calle-, hasta el punto que en la noche del 10 al 11 de septiembre debatió con sus colaboradores más cercanos la idea de dar un discurso a la nación anunciando la celebración de un plebiscito.

Allende subestimó el riesgo que suponía intentar a toda costa llevar a cabo reformas radicales cuando se ha perdido la mayoría social, e ignoró el peligro que para la continuidad de su Gobierno suponía la fatal confluencia de una protesta social que había alcanzado una masa crítica, con una crisis política que estaba fuera de control. Maquiavelo podría haber dicho que la fortuna había abandonado a Salvador Allende, sin que la virtù -esa cualidad del ciudadano que los griegos llamaban areté– fuera protección suficiente para evitar la catástrofe que se abatió sobre Chile y que le costó su vida.    

*Psicoanalista. Jurista. Miembro de la AMP (ELP).

Fotografía seleccionada por el editor del blog.