Rosa López*

La tragedia “Antígona” comienza con el acceso de Creonte al trono vacante de Tebas. Su primer acto en el poder consistió en publicar una proclama en la que prohibió, bajo pena de muerte, que se diera sepultura al cuerpo de Polinices, abandonado en las afueras de la ciudad como pasto para las aves de rapiña. Al mismo tiempo ordenó que se enterrase a Etéocles con todos los honores.

Antígona decide dar sepultura al cuerpo abandonado de su hermano, pero es descubierta. Creonte le impone un terrible castigo: ser enterrada viva en una cueva excavada en la roca.

Para Goethe, el decreto de Creonte no es una ley de Estado sino un crimen político. Lacan secunda la posición de Goethe y dice que “Creonte, impulsado por su deseo, se sale manifiestamente de su camino apuntando a su enemigo Polinices más allá de los límites dentro de los que le está permitido alcanzarlo…. quiere asestarle precisamente esa segunda muerte que no tiene ningún derecho a infligirle”.

En la tragedia de Sófocles es la figura del sabio Tiresias la que advierte a Creonte que su obstinación le precipitará hacia la perdición: “Haz una concesión al muerto y no fustigues a quien nada es ya. ¿Qué prueba de fuerza es matar al que está ya muerto?”

Utilizo la figura heroica más comentada de la historia de Occidente para recordar la cantidad ingente de crímenes políticos que siguen sucediendo y de los cuales tenemos pruebas fehacientes. La tragedia de Antígona se repite cada vez que el poder niega la sepultura a los muertos. Afortunadamente, aún hay Antígonas que se oponen a la ley y reclaman que les devuelvan el cuerpo de sus seres amados para impedir que se les inflija una segunda muerte. El Creonte de turno no se conforma con la destrucción física de su enemigo, busca también su muerte simbólica. Borrando el rastro de su existencia se lo arroja al Letos, el río del olvido, cuando no a un río real como el de La Plata.

Lo esencial de la enseñanza de Antígona es que nos indica una zona de la subjetividad humana que excluye toda reconciliación. Repito: excluye toda reconciliación.

Las Elecciones Generales en España se celebrarán el día 23 de julio después de que la derecha extrema y la extrema derecha ganaran en las Comunidades y Municipios el 28 de mayo. Podríamos decir que estamos en un escenario parecido al de “Una segunda vuelta” y enfrentados muy directamente al ascenso de las políticas de ultraderecha. El líder de la derecha, posible presidente del país, acaba de mostrar algunas de sus cartas. Tiene el firme propósito de derogar las leyes socialdemócratas del gobierno actual, con especial interés por la Ley de Memoria Democrática, la que más hiere sus sensibilidades.

Si continúan sintiéndose como herederos de los ganadores de la Guerra Civil (1936/39) es porque la democracia no les ha calado íntimamente y mantienen el relato histórico que impuso una dictadura que asoló a este país durante cuarenta años. Es por eso por lo que no soportan que extraigan los cuerpos de los arrojados a las cunetas para proceder a darles digna sepultura. Menos aún soportan que después de 44 años de democracia uno de los gobiernos de izquierdas (hubo otros que no se atrevieron) haya tenido la valentía de exhumar los restos del dictador Francisco Franco, sacándolos del mausoleo que se hizo construir en la sierra de Madrid y al que se le dio el macabro nombre de “El valle de los caídos”. Este acto permanentemente aplazado era imprescindible para derribar el gran símbolo de una dictadura que parecía intocable. Caso único en Europa, por fin los restos del dictador español ya no yacen en una tumba de Estado.

“La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos”, dice la ley actual que intenta construir una memoria común en la sociedad española, lo que parece imposible, pues la mitad de esta sociedad no acepta la premisa mayor: hubo un golpe de estado contra una República democrática y legalmente constituida. Con la llegada de la democracia en 1978, España se sumó a todos los tratados internacionales de Derechos Humanos pero nunca consiguió hacer una verdadera transición de memoria histórica.

La historia la escriben los vencedores, que imponen sus símbolos y sus leyes. Si, como en el caso de España, a la guerra le sucede una dictadura de 40 años, no puede haber reconciliación mientras las partes no restituyan lo que quedó reprimido: la memoria de los vencidos. Y no es que “el río se desbordó por ambos márgenes”, como dijo Manuel Azaña, aunque una vez desatado el golpe militar ambas partes cometieran terribles barbaridades. Finalizada la guerra se impuso un régimen de terror y durante años, muchos años, los amaneceres iban acompañados del ruido de fusilamientos ante paredones improvisados en todos los pueblos y ciudades. El objetivo inicial y reconocido de los golpistas era la aniquilación física del universo republicano, erradicarlo, forcluirlo borrando toda inscripción. Por eso no fue suficiente con los muertos en la guerra: era necesario hacerlos desaparecer en las cunetas, borrar su nombre y su linaje.

En 2006 el Consejo de Europa condenó las «graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista», dando un impulso definitivo a la ley de 2007 por la que se reconocen derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura. Esta tarea fue, sin embargo, abrupta e injustificadamente interrumpida durante las dos legislaturas del Partido Popular, que eliminaron toda la partida presupuestaria. Ante la orfandad institucional que se produjo, las Naciones Unidas promovieron la visita de su Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y del Relator especial para la verdad, justicia, reparación y de las “garantías de no repetición”. Eso dio lugar a dos influyentes informes en 2014 a los que la derecha hizo caso omiso.

Que después de 45 años de Constitución democrática lo que se ha conseguido en esta última legislatura sea nuevamente borrado, con un serio propósito de cancelación por la amenaza del ascenso de la derecha, es una prueba muy clara de la imposibilidad de garantizar que la historia no se repita. Pero, sí es posible movilizarse para impedir el paso al poder de la extrema derecha.

Si Jacques-Alain Miller y nuestros colegas franceses utilizaron todos los medios a su alcance para impedir que en 2017 subiera al poder la ultraderechista Marine Le Pen, ¿por qué no tratamos de seguir su ejemplo?

*Psicoanalista. Miembro de la AMP (ELP)

Fotografía seleccionada por el editor del blog. (Antígona a la cabecera de Polinices, Benjamin-Constant, 1868.)