Consideraciones sobre la ley trans. Dosier de la FCPOL (primer borrador)

Este texto es la primera parte de un dosier (primer borrador) elaborado por la FCPOL* sobre la llamada ley trans que va a ser aprobada en el Consejo de ministros de España el próximo 29 de junio.

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La tramitación de la ley en cuestión está despertando legítima inquietud en distintos sectores de la población española. Entre ellos cabe destacar, sin lugar en dudas, a las mujeres. Pero también, en general, a quienes ven en estas iniciativas riesgos que se suelen dejar de lado en medidas tomadas sin la suficiente reflexión, sin considerar toda la experiencia disponible y sesgadas por presiones políticas de distinta índole. La relación entre las modificaciones legales y medidas administrativas, políticas educativas y de salud mental, y las consecuencias que todas ellas pueden tener en el terreno práctico no es fácil de calcular a priori.

La verdad toma cierto tiempo para manifestarse y lo hace cuando ha pasado el acaloramiento de los debates. Sin embargo, se dispone ya de cierta experiencia, tanto en nuestro país como en otros, más “avanzados” en la aplicación de tales medidas, y sería importante tenerla en cuenta. A la luz de esta misma experiencia, es preciso examinar algunos aspectos de las leyes en cuestión que pueden acabar revelándose problemáticos.

Dejando de lado muchos otros temas debatibles, nos preocupan ante todo los relativos a la protección de los menores. Específicamente, lo que se puede considerar la edad suficiente para un consentimiento informado y la madurez necesaria para asumir las consecuencias de actos cuyos efectos no son visibles a corto plazo, pero que suponen modificaciones muy importantes de la vida futura de la persona, en ámbitos que quedan muy alejados de lo que un menor puede llegar a concebir o incluso representarse. Las leyes hacen énfasis en el derecho de las personas a cambiar la identidad de género (o sexual, en otros textos). Una novedad es lo que se ha llamado “despatologización”, que consiste en no requerir diagnóstico de ningún tipo para justificar el cambio registral.

En relación con este punto, hay toda una serie de cuestiones significativas en torno a las edades en las que una persona podría solicitar el cambio. Parece quedar establecido que puede hacerlo sin límite de ninguna clase toda persona de 16 años o mayor, sin diagnóstico clínico que lo justifique y sin medidas destinadas a la modificación de los caracteres sexuales corporales. Y parece quedar establecido que los de 14 a 16 años podrán hacerlo con cierta tutela judicial en caso del desacuerdo de uno o ambos progenitores. Sin embargo, en capítulos posteriores y disposiciones adicionales que no estamos seguros de entender, parece ampliarse este procedimiento a personas de entre 12 y 14 años. (capítulo XI) Resulta llamativo, por otra parte, que en caso de desacuerdo se invoque la participación de una figura específica denominada “defensor judicial”, ya que esta misma denominación parece contener en sí misma un prejuicio sobre lo que sería su función. Pero, además, llama la atención que se establezca que: “El Juez podrá solicitar la práctica de las pruebas que considere necesarias para acreditar la madurez necesaria del menor y la estabilidad de su voluntad de rectificar registralmente la mención a su sexo”, para posteriormente añadir que: “La concesión no podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico”.

Por fuerza debemos preguntarnos en qué consistiría la madurez de una persona de 12 años para tomar determinadas decisiones, pero también en qué criterios podría basarse 4 un juez para determinarla, ante la exclusión taxativa de informes que pudiera acreditarla o cuestionarla. Sin lugar a duda, es positivo que no se exijan tratamientos previos, ni hormonales ni quirúrgicos, para la aceptación de una modificación registral. Lo es en la medida en que puede disminuir en algunos casos la premura, incluso clara precipitación, con la que se llevan a cabo modificaciones corporales que pueden ser nocivas y en muchos casos irreversibles. En este sentido, hay que decir con toda claridad que tratamientos tales como los Bloqueadores Puberales se administran como si fueran inocuos, basándose en estudios con muy poca base y que están empezando a recibir críticas importantes. Por no hablar, con mucha mayor razón, del uso de hormonas del sexo opuesto, con efectos potencialmente mucho más nocivos.

En cualquier caso, los efectos benéficos de este apartado de la ley no serán plenos si, por otra parte, no se impiden, también por ley – o como mínimo se regulen de forma muy estricta, incluso judicialmente – esos mismos tratamientos antes de una edad en la que el consentimiento pueda ser pleno y efectivo. Porque, de hecho, hay que partir de la base de que esos tratamientos ya se están llevando a cabo de la forma más común, con efectos en muchos casos graves, los cuales están empezando a hacerse visibles y serán cada vez más evidentes. En este sentido, el número creciente de “detransicionadores” es muy significativo y en algunos casos plantean quejas, incluso demandas judiciales, sobre los tratamientos recibidos. Y, sea cual sea el desenlace de sus iniciativas, su voz es importante para comprender que muchas veces el consentimiento de un menor puede no estar tan fundado como parece ni ser tan firme como él mismo manifiesta.

Es importante considerar que, si tales tratamientos se están llevando a cabo, ello no es en primer lugar debido a las exigencias legales que pueda haber en este sentido, sino porque existe una fortísima presión ambiental y una tendencia acrítica a lo que se llama “terapia afirmativa”, que suele incluir, como medidas prácticamente inmediatas, los tratamientos hormonales. Por tanto, el planteamiento de la ley en este punto, aun estando en sí mismo cargado de buenas razones, no refleja la realidad de lo que está ocurriendo. Muchos niños están siendo hormonados injustificadamente, sin que tengan elementos para un verdadero consentimiento, y lo seguirán siendo, aunque ello no sea necesario para el cambio registral.

En esas edades, por otra parte, las personas concernidas hacen un uso social de su “nuevo nombre”, que es el que en verdad les interesa, sin necesidad de un reconocimiento legal que en muchos sentidos no les resulta imprescindible. Esta presión ambiental a la que nos referimos se ha visto reforzada por la sinergia entre distintos factores: -el papel decisivo de las redes sociales y los influencers trans, que promueven el cambio de género y el uso de las hormonas como tratamiento de prueba para resolver las dudas sobre la transición. -la tendencia a la monopolización de la educación sobre temas de sexo y género en la escuelas por parte de asociaciones militantes (como Chrysalis), que introducen en las escuelas una ideología generista, destinada a imponer estereotipos de género 5 desde la más temprana edad, a partir de nociones carentes de toda base científica, como las de “cuerpo equivocado”, las relacionadas con la idea de que “el género está en el cerebro”, así como la creencia en que los juegos de un niño o una niña, sus modos de vestir y actitudes se pueden interpretar unívocamente como indicadores de la llamada “disforia de género”. -las ideas simplistas y reductoras relativas a la “identidad” de la persona y el papel que en ella ocupan aspectos, a lo sumo parciales, como el sexo o las identificaciones que se producen en este ámbito y que ahora se suelen llamar “género”. -la grave confusión que se produce en este discurso entre las manifestaciones (por otra parte, cambiantes en muchos niños y niñas) de la orientación del deseo sexual y la supuesta identidad de género, ignorando que, más allá de compartir una secuencia de siglas (LGTB), no hay ninguna relación intrínseca entre homosexualidad y transgenerismo.

No hay relación significativa entre orientación sexual e “identidad de género”, por mucho que cierto discurso interesado pretenda darlo por sentado. -la presión que se ejerce sobre los niños, directa o indirectamente para definirse en términos de “identidad de género”, cuando todos los aspectos de la identidad de los niños y las niñas están sujetos a una compleja evolución y a cambios, sin que muchas veces se llegue a una definición más o menos estable o completa antes de haber tenido una serie de experiencias en el ámbito de la sexualidad y las relaciones afectivas. Experiencias que, por descontado, ninguna persona alcanza a los 12 años y, mucho nos tememos, tampoco a los 14 o los 15. -el interés de algunos sectores por la medicalización (hormonas, operaciones quirúrgicas), particularmente paradójico cuando en teoría se trataría de “despatologizar”; interés que, por otra parte, ignora – o aprovecha con una completa falta de escrúpulos – algo que salta a la vista en el discurso de los influencers trans, que promueven el consumo de la testosterona como una droga estimulante y no como una medicación, sin renunciar a dar instrucciones precisas sobre cómo engañar a los médicos para obtenerla.

Entre otros aspectos del debate que nos parecen mal planteados o, como mínimo, confusos, destacamos la falsa alternativa entre “patologización” y banalización. Desde el psicoanálisis, consideramos que tratándose de decisiones fundamentales y a veces definitivas sobre la vida de las personas, se debe dar un tiempo a la reflexión y no eludir distintos modos de conversación entre el sujeto y una serie de interlocutores. Entre estas modalidades de conversación hay las que el menor puede tener con figuras como la del terapeuta, el psicólogo o el psicoanalista, en términos que, sin recurrir a la patologización, pueden aportarle modos de poner él mismo en cuestión sus decisiones, evitando pasajes al acto que más tarde puede lamentar. Se trata, en cualquier caso, de la protección del menor, de darle la oportunidad de encontrar las decisiones que más le favorecen, procurando que no se vea arrastrado por presiones ambientales que, como se sabe, son a veces decisivas en la pubertad y la adolescencia. Por otra parte, sin que ello implique patologizar globalmente el fenómeno trans, no se puede ignorar algo que preocupa cada vez más a los distintos profesionales y agentes del ámbito de 6 la Salud Mental, sobre todo los que trabajan en dispositivos destinados a niños y adolescentes.

Existe una correlación inequívoca, en un número significativo de casos, entre manifestaciones de un malestar psíquico grave, surgido en la vida del sujeto mucho antes de toda preocupación en el ámbito de la identidad sexual o de género, y la emergencia posterior, en la adolescencia, de una decisión de transicionar. En tales casos, la búsqueda de “terapias afirmativas”, la exigencia de recurrir a tratamientos con hormonas y muy a menudo la prisa por operarse (sobre todo, mastectomías) se dan en el contexto de una gran urgencia subjetiva, pero hay motivos para temer que las consecuencias de tales intervenciones pueden no ser las esperadas, incluso empeorar el malestar y conducir a un agravamiento de los síntomas. Se constata en un número de casos significativo, que muchas de las chicas que optan por transicionar en la adolescencia han tenido previamente síntomas graves de tipo alimentario y/o han llevado a cabo prácticas de autolesión (cutting) muchas veces graves, de tal modo que tratamientos posteriores (hormonas y cirugía) pueden estar en continuidad con estas mismas formas de auto maltrato corporal.

El hecho de que muchos casos, probablemente la mayoría, sean tratados en dispositivos “especializados”, gestionados a menudo por asociaciones militantes, puede impedir una valoración lo suficientemente precisa de esta casuística compleja, en la que sí existen manifestaciones sintomáticas importantes que, como mínimo, deben ser consideradas; lo que es peor, ese tipo de servicios responden no pocas veces a la urgencia subjetiva del interesado con medidas que no hacen más que acelerar un proceso que quizás debiera ser, como mínimo, diferido, incluso en algunos casos cuestionado en bien del propio interesado.

Otro tema requiere una atención especial: se trata de la poca validez científica de muchos de los estudios que a veces se mencionan como argumentos en favor de tratamientos hormonales y quirúrgicos. Algunos de estos estudios empiezan a ser cuestionados. Ponemos como ejemplo uno que en 2020 había “demostrado” supuestamente una correlación significativa entre las medidas hormonales y quirúrgicas y la disminución posterior de suicidios y/o necesidad de tratamientos de salud mental. Pues bien, recientemente se demostró que había incurrido en importantes defectos metodológicos que invalidaban sus conclusiones1 .

Finalmente, queremos destacar como un hecho sumamente preocupante que no se haya enfrentado la manifiesta anomalía que supone la multiplicación de casos de transición en un periodo de tiempo breve (en Inglaterra se habla de un 4000 % de incremento en el año 2018) y , sobre todo, el hecho de que un porcentaje abrumadoramente mayor de casos de petición de transición concierna a chicas que supuestamente se quieren “convertir” en hombres, en proporciones que se han llegado a precisar en torno a un 75% mayor que las peticiones de hombre a mujer. Lo sintomático de este hecho, que concierne al modo en que las jóvenes de nuestro tiempo viven su condición femenina, constituye en sí mismo una pregunta que la sociedad en conjunto no puede eludir y de la que tiene que hacerse responsable.

Consideraciones finales

 -Hay aspectos de la ley que pueden considerarse positivos, pero para poder ser beneficiosos deberían acompañarse de medidas y prácticas que están muy lejos de ser la norma; una ley verdaderamente efectiva debería tener en cuenta estos aspectos, pues de lo contrario puede empeorar inadvertidamente una situación ya de por sí problemática.

-El debate sobre la despatologización está sesgado y debe plantearse sobre bases completamente distintas. La alternativa no debe plantearse entre patologización y dar carta blanca a la impulsividad adolescente en un contexto de presión mediática y colectiva. Se puede y se debe sostener la conveniencia de tratamientos, porque de hecho los tratamientos ya existen y el riesgo es que queden limitados a las “terapias afirmativas”.

 -La cuestión de la edad para un consentimiento pleno y adecuado no parece suficientemente esclarecida. No se entiende de qué modo el recurso a un “defensor judicial” podría resolver esta cuestión tremendamente delicada y compleja.

-Falta un debate serio sobre la desproporción entre las transiciones mujer-hombre y hombre mujer. Se trata de un hecho que lanza al conjunto de la sociedad un mensaje muy angustioso sobre el modo en que las mujeres jóvenes viven su condición sexual y social.

-La educación sexual no puede en ningún caso ser dejada en manos de asociaciones militantes, que llevan a cabo un verdadero proselitismo disfrazado de argumentos científicos

-Hay que ahondar en la paradoja que consiste en, por un lado, despatologizar y, por otro lado, empujar, de facto, a los jóvenes a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Está bien que la ley suspenda su exigencia para el reconocimiento registral, pero esta medida es inefectiva si no se tiene en cuenta la realidad de una medicalización de por vida a la que se condena a muchas personas. El hecho es que la despatologización se convierte en la práctica en un argumento para acceder a tratamientos que son innegablemente médicos. O, si no lo son, deben considerarse en el registro del consumo de sustancias, en no pocos casos por sus efectos directa o indirectamente euforizantes o, como mínimo, des-disforizantes.

*Equipo de trabajo de la FCPOL sobre la Ley sobre los derechos de las personas LGTBI, con atención particular a las “personas trans”: Enric Berenguer, Andrés Borderías, Araceli Fuentes, Ivana Maffrand, Félix Rueda, Luis Seguí, Jesús Sebastián.

Fotografía seleccionada por el editor del blog.

1 Kalin NH: Reassessing mental health treatment utilization reduction in transgender individuals after genderaffi rming surgeries: a comment by the editor on the process (letter). Am J Psychiatry 2020; 177:765 7

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