Fragilidades de la democracia

Emília Bolinches*

Bien. El título de este encuentro “Fragilidades de la democracia” es muy expresivo. Nos está indicando que la democracia es un sistema político que se mantiene en un difícil equilibrio entre pesos y contrapesos y que requiere de una atención y acción continuas para avanzar,  evitar la inestabilidad y mantener esa necesaria armonía entre los diferentes. Y si eso ocurre en las democracias estabilizadas, maduras, con solera de saber hacer, con habilidades acuñadas en negociaciones y experiencia de pactos para conseguir unos objetivos políticos; en el caso de la democracia española, su extrema fragilidad resulta muy inquietante. Y esa es la razón, la inquietud y el malestar, lo que nos convoca hoy aquí Zadig y esta Universidad de Valencia.

Solo con echar un rápido vistazo a nuestra historia política y social  (cómo se produce el advenimiento de la segunda república y su corta duración, el golpe militar que da inicio a la guerra civil, el  largo período del franquismo y la tumultuosa transición con la que se inicia el re-estreno de la democracia) es suficiente para comprender que nuestra democracia tiene un recorrido pequeño con  grandes problemas no resueltos y con la sospecha de que estamos ante una democracia no solo frágil sino enferma. Una enfermedad todavía sin diagnosticar ante un miedo “insuperable”. Por cierto, aquí que hay tantos y tantas analistas profesionales, podríamos en el debate pedirles que nos iluminen sobre las causas de nuestro miedo: ¿A qué tenemos miedo? ¿A vivir, a morir, a no ser capaces de asumir nuestro maldito pasado, a no querer perder una parte para no perderlo todo, a nuestros viejos fantasmas identitarios? ¿Por qué elegimos a quienes despreciamos? ¿Por qué utilizamos ante algo que nos agrada mucho la expresión: “oye, esto está de muerte” “¿o decimos… está de miedo”? ¿Utilizamos el miedo, la muerte y el placer, como una triada sobrenatural?

No sé si la Constitución de 1978 pudo ser otra y tampoco sé si el pacto con el que se confeccionó contenía cláusulas ocultas que tarde o temprano tendríamos que pagar. Pero lo cierto es que durante 40 años solo ha sido modificada en dos ocasiones y obligados por la autoridad europea: en 1996 para permitir el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros y en 2011, con alevosía estival, para introducir la estabilidad presupuestaria en beneficio del neoliberalismo económico. Ahora sabemos que las Constituciones sirven en la medida en que se van modificando. Pero nos dijeron que nuestra Constitución del 78 era “sagrada” y no se podía tocar. Y así la hemos convertido de facto en una Constitución muerta, en papel mojado. Nuestras antiguas heridas llevan 40 años supurando pus y seguimos sin saber o sin querer cerrarlas. Los problemas se han convertido en tabús y seguimos en conflicto permanente con nosotros mismos. Así, en lugar de afrontar los problemas, los engordamos. Sin darnos cuenta que solo el saber nos permitirá zanjar el asunto. Por ejemplo, ¿por qué seguimos hablando de la unidad de España sin cuestionarnos la España Una, Grande y Libre franquista que no ha existido más que en el hálito totalitario de los nacionalsocialistas? ¿Todavía no somos capaces de afrontar el problema territorial pendiente que no nos permite vivir en paz? ¿Por qué no hablamos de que, quizás, haya tantas Españas como lenguas vivas utilizamos?

Teniendo en cuenta el lastre de nuestra sombría historia es fácil considerar que la independencia de los tres poderes clásicos –el ejecutivo, el legislativo y el judicial- dista mucho de existir de forma normalizada. Así, cuando se analiza el comportamiento del poder judicial con sus carencias de medios y de independencia efectiva, aparecen o se denuncian el método de designación de la cúpula judicial como ocurre con el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional, sin olvidarnos del órgano supremo de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial. El libro “El secuestro de la justicia” de un periodista y un magistrado nos lo explican pormenorizadamente.

Se señala al cuarto poder -el de los medios de comunicación clásicos- como un contrapoder, pero digamos que esa es una verdad a medias porque a los medios españoles -hijos del franquismo económico en su gran mayoría como bien han estudiado diversos periodistas investigadores- les ha pillado de lleno el sunami de Internet, los sistemas digitales y las redes sociales, es decir las nuevas tecnologías, en las estructuras de las empresas periodísticas y también en el sistema de trabajo de los y las periodistas. A ello, le ha seguido el cataclismo de la crisis económico-financiera que ha propinado el golpe mortal al sector. Consecuencia: concentración empresarial en manos de bancos y redacciones bajo mínimos con periodistas en el paro (el 37 por ciento en nuestra Comunidad) trabajando como autónomos para las mismas empresas o en situaciones precarias ya que casi la mitad de los periodistas en paro han tenido que inscribirse como autónomos. Y de los que están trabajando, el 60 por ciento de los y las periodistas fijos en las plantillas de los periódicos de papel, los que consideramos normales, ganan menos de 600 euros al mes y otros cobran a tanto la pieza. Si están trabajando todo el día o toda la semana y no consiguen “levantar” una noticia o un reportaje, o la escriben, pero no se la publican por cualquier causa, no cobran ni un duro. En España hay ahora mismo 89.000 periodistas en activo -4.000 en la Comunitat Valenciana pero cada año las universidades valencianas aportan 400 titulados más-. Una encuesta realizada por la Unió de Periodistes Valencians que agrupa al 85 por ciento de la profesión señala que el 46 por ciento de los periodistas titulados cambiaría de profesión si tuviera la oportunidad de hacerlo. Esto ocurre en una profesión considerada vocacional.

Si alguna vez el cuarto poder fue un contrapeso para intermediar en favor de los intereses generales eso ha pasado a la historia con la consiguiente pérdida de credibilidad y solvencia, contagiados por el pseudoperiodismo que se ejerce desde las nuevas tecnologías. Ya sabemos de la aparición de organizaciones dedicadas ex profeso a crear intencionadamente y por encargo las fake news o falsas noticias y la intoxicación informativa que provoca la desinformación. También conocemos gracias a las investigaciones de algunos periodistas como Pascual Serrano, José Antonio Martínez Soler ya desaparecido o el alicantino Mariano Sánchez las historias ocultas de los grupos de comunicación españoles o las maquinaciones de los poderes fácticos del estado para desestabilizar la democracia. No obstante, esta crisis mediática también ha producido una reacción positiva in extremis por parte de diferentes grupos de periodistas independientes que al quedar en la calle se han organizado formando algunos periódicos digitales junto a organizaciones cívicas que constituyen hoy en día el mejor modelo del periodismo moderno. Hablo de eldiario.es, elplural.com, diarilaveu, jornada, publico.es, infolibre, etc.

Algunos de estos medios constituyen ya el llamado quinto poder, denominación acuñada en 2003 en Porto Alegre por Ignacio Ramonet, director del mítico Le Monde Diplomatique desde 1999, y que supone la reacción cívica a la debilidad del cuarto poder. Ese quinto poder sería el empoderamiento del sector social organizado, harto de la crisis de representatividad política, de que el sistema no les ampare ni les atienda en sus reivindicaciones y que el poder mediático nacido contra los abusos del ejecutivo y que intermediaba en defensa de los intereses de la sociedad civil ha pasado a ser un puñado de gigantescas empresas mediáticas identificadas con los intereses económicos de las grandes corporaciones. De ahí que el quinto poder sea un híbrido organizado entre periodistas, universitarios, militantes de asociaciones, lectores, oyentes y espectadores, usuarios de Internet y de las redes sociales etc. para tomar la iniciativa en defensa de la sociedad y de los intereses generales. Ahí tenemos agrupados también a los feminismos (prácticamente todos esos diarios digitales se declaran feministas) combatiendo las desigualdades sexistas y la violencia de género de forma continua desde el 8 de marzo y reafirmándose con la sentencia de La Manada, a los pensionistas con sus 9 millones de personas en la calle todas las semanas y a muchos otros grupos demandando reivindicaciones e influencia mediática para conseguirlas.

Es posible que a la debilidad del cuarto y quinto poder más la deficiente independencia de los poderes clásicos, y la escasa asunción social de respuesta frente a la injusticia y la desigualdad, podría deberse que se haya aplicado una deriva autoritaria por parte del gobierno saliente, lo que ha supuesto un claro retroceso del derecho a la libertad de expresión y de información, de reunión y manifestación, y también de restricciones a la intimidad y la libertad personal. Hemos sufrido durante tres años la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza aprobada cuando el PP tenía la mayoría absoluta en el Parlamento y que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

Señalaré algunos retrocesos en el ámbito de los derechos civiles que creíamos ya conquistados y consolidados:

* Libros contra narcotraficantes requisados como Fariñas.

* Cantantes como el rapero Valtonyc, huido, o el punk Evaristo Páramos, condenados a la cárcel por cantar canciones.

* Intelectuales, escritores, personas en los medios condenados por blasfemos como Willy Toledo, o el Gran Wyoming por su programa El Intermedio.

* Condenas por asistir a una manifestación, una concentración o un escrache.

* Ahora hay más denuncias por terrorismo que cuando ETA mataba cada día.

* “Confusión” al aplicar conceptos como los delitos de rebelión y sedición, en un contexto político. Y la aplicación sistemática de medidas de prisión provisional larguísimas e incluso con privación de derechos políticos previstos en la Constitución.

Hace unos días, en la presentación del catálogo de la exposición del Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, sobre las mujeres artistas durante el franquismo y la transición, se analizaba una serie de portadas de revistas de los años 70 y 80 en las que hoy, con la ley en la mano, no se permitiría su circulación. Pero en aquel momento los y las periodistas las sacaban a la calle sin ceder en los derechos de expresión afrontando los peligros de que acabaran en los tribunales -como acabaron- y ahora con la democracia lo hemos consentido.

Voy a leerles un párrafo lapidario del análisis que hacía el psicoanalista Gustavo Dessal tras la sentencia de la manada:

“Seré, dice Dessal, incluso más implacable que los magistrados: ha habido consentimiento. Consentimiento colectivo al dejarnos violar por los canallas -como Lacan nombraba a la derecha- y los idiotas -como calificaba a la izquierda. Hemos consentido a que los canallas y los idiotas expoliasen las Españas. Hemos consentido a que los canallas y los idiotas nos arrebatasen la lucha de clases. Hemos consentido a que los canallas y los idiotas se apropiasen de las instituciones, del dinero público, de la educación, de la sanidad, de los sindicatos, de las pensiones. Hemos consentido a la obscenidad de los políticos, a la impunidad del Trono y el Altar. Apenas nos quedaba la confianza en la diosa Iustitia, pero ella también ha sufrido una violación, y no sabemos si podrá reponerse de ese trauma”.

Sin embargo, una vez, más la actualidad ha transformado por arte de birlibirloque la situación descrita por Dessal y nos ofrece el nuevo escenario surgido del resultado de la moción de censura motivada a su vez por la sentencia del caso Gürtel. Y ahí tenemos que la confluencia de dos poderes -el legislativo y el judicial- más la denuncia mediática y de las redes sociales, ha acabado con el presidente de un gobierno finiquitado. Y con la nueva situación, la apertura de una etapa con otros actores políticos y una sociedad civil  reivindicativa, para acometer la regeneración democrática de las instituciones, prevenir y combatir la corrupción, fomentar la transparencia, destapar nuestros fantasmas ocultos, identificar nuestros miedos y afrontarlos, introducir con normalidad la agenda social, abordar la búsqueda de consensos políticos mediante el diálogo, el pacto y la negociación para resolver los problemas que nos plantea la imperfecta democracia que tenemos.

Y para terminar una nota positiva y esperanzadora. El fin de semana pasado tuvimos ocasión de escuchar, en el Feminario celebrado en Valencia, las palabras de María Luisa Balaguer, magistrada feminista del Tribunal Constitucional, y digo magistrada feminista porque ella lo recalcó así. Bien, la magistrada informó de que se ha organizado un grupo de juristas abierto para estudiar, entre otras, las necesarias modificaciones constitucionales para que las mujeres sean sujeto de derecho al mismo nivel que los hombres y con toda la revisión que ello implica. A este respecto también la semana pasada la presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, señaló la necesaria revisión constitucional a acometer para que las mujeres tengamos cabida en ella. Incluso la economía feminista está estudiando  la introducción del sector cuidados no remunerados, en la economía tradicional. Ahora ya no se trata de conformarse con parches o soluciones provisionales. No se trata de pedir un trozo del pastel. Se trata de confeccionar otro pastel con otra receta.

Y, claro está, ya se están organizando multitud de redes y plataformas de periodistas feministas en sintonía local, autonómica y estatal hasta reunir a más de 10.000 profesionales activas para introducir la igualdad en los medios desde el interior de las redacciones y exigirla en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos un gran trabajo pendiente por delante. Y no hay tiempo que perder. Gracias por su atención.

*Emilia Bolinches, periodista, vocal de la Comisión Ejecutiva del Consell de Transparencia de la Generalitat Valençiana.

Intervención realizada en la Conversación en Valencia sobre “Fragilidades de la democracia” (8/6/18)

Foto seleccionada por el editor del blog.