Algunas objeciones a la ley integral contra la violencia de género

Amanda Goya*

Violencia de género es la traducción de la expresión inglesa Gender violence, difundida por el Congreso de Pekín sobre la Mujer de 1995. La RAE la define como “la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal”.

Pero lo interesante es que la RAE añade que la palabra género debiera reservarse para los sustantivos y algunos pronombres, aquellos que calificamos como masculinos y femeninos, mientras que para los seres humanos sería mejor emplear el término sexo. Son las palabras las que tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo y no género. Por eso la RAE sugiere como más oportuna la expresión violencia doméstica, porque sus efectos repercuten en todo el contexto familiar. Y propone la denominación Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo. Cuando la ley fue aprobada el PSOE no se dejó orientar por la RAE.  

Contrariamente a lo que los medios de comunicación no cesan de informar, y espero que no me arrojen a la hoguera por lo que voy a decir, España es uno de los países con menor número de crímenes por la llamada violencia de género en el mundo. Los países nórdicos triplican en número a España, siendo que allí las políticas sobre igualdad son de las más avanzadas del planeta. Una contradicción que debería llamar a la reflexión.

No obstante, en el año 2004 fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en un Parlamento mayoritariamente masculino, la Ley Integral contra la Violencia de Género. Muchos años después más de un millón de hombres han sido juzgados por esta ley, y una gran mayoría de ellos juzgados por infracciones que, en otros ámbitos, o de ser cometidas por una mujer dentro de la pareja, no se hubieran considerado delito.

En 10 años se ha creado un gigantesco aparato burocrático y represivo, en el que más de un millón de funcionarios, médicos y maestros, asistentes sociales, policías, funcionarios de prisiones o personal de cátedras de género, así como personal dedicado a programas institucionales para las mujeres, han sido empleados en programas de difusión para la tutela de mujeres y para la represión sobre los hombres.

España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa occidental por motivo de violencia de género, y la estancia media de los presos en prisión tiene la tasa más alta de Europa, donde el 7% de los reclusos lo son por delitos tipificados por esta ley. En la actualidad se estudia el endurecimiento de las penas incluyendo el destierro de los hombres y la inclusión de los hijos y las hijas como víctimas de forma automática, y su separación permanente del padre.

Hoy cerca de 100.000 mujeres tienen atención policial especial, y otras 20.000 lo que llaman protección policial activa, con rondas de vigilancia, llamadas de control y visitas a domicilio. Pero lo más llamativo que pone en entredicho la eficacia de esta ley, es que el número de mujeres muertas ha permanecido estable en más de un decenio, y el maltrato ha crecido un 5% anual, sobre todo en la población juvenil. Otro dato a considerar es que desde 2006 no se publican cifras sobre los crímenes de hombres en manos de sus mujeres, y de los niños muertos por sus madres. Hablamos de datos objetivos, comprobables.

No es poco significativo que la política promovida por esta ley no se financie solo con fondos del Estado y subvenciones europeas.  También se sirve de aportaciones de grandes empresas como El Corte Inglés, Mango, Inditex, BBVA, Carrefour, Alcampo y muchas otras, favoreciendo la contratación de mujeres que han denunciado la violencia de género. Descartados los propósitos solidarios, no muy caros a las grandes empresas, ¿qué provecho obtienen de ello las multinacionales?  Beneficios fiscales, por una parte, y la posibilidad de contrataciones abusivas en cuanto al salario, propias de la ley de hierro de la plusvalía capitalista, tal como también ocurre con la población de discapacitados.

Desde Europa algunas voces han criticado esta ley por violar el principio de igualdad ante la ley establecido por la Constitución Española, lo que eufemísticamente se nombra como discriminación positiva, y por su falta de garantías legales. En el Estado español muchos juristas ponen en duda su pertinencia, pero muy pocos se atreven a denunciarla en público, como lo ha hecho el ex juez Serrano, inhabilitado en 2011 por ampliar un día y medio la custodia de un padre separado sobre su hijo. Con ello pretendía salvaguardar el deseo del menor de participar en una procesión en Sevilla. La madre del niño lo denunció y fue condenado por prevaricación dolosa. Serrano sostiene que el lobby de género está detrás de su inhabilitación.

Hay una iniciativa para demandar al Estado español ante Tribunales Internacionales, de varias asociaciones que en distintos puntos del territorio español agrupan a las víctimas de esta ley. Ellos revelan, entre otras muchas cosas, la existencia de denuncias falsas; la picardía de algunas mujeres que pueden sacar partido económico y vindicativo, enviando a la cárcel a sus parejas.

Las denuncias falsas se apoyan a veces en la dificultad de la prueba, sin embargo, la declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino directa, y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, considerándose apta para destruir la presunción de inocencia, otra garantía de la Constitución Española.

Habría que hablar más bien de presunción de culpabilidad, (hace un tiempo publiqué un artículo así titulado), porque lo que subyace a esta ley, o mejor decir, lo que yace en el fondo de esta ley, como en los sistemas lógicos, es una premisa, en este caso falsa.

La premisa universal de que los hombres son por naturaleza maltratadores, (sin duda los hay, y muchos), y víctimas las mujeres, (que también las hay, y muchas por desgracia). Pero dicha premisa hace tabla rasa con la singularidad de cada hombre y cada mujer. ¿O no hay mujeres salvajes, capaces de perpetrar los peores crímenes y las más refinadas intrigas? ¿Hace falta enumerar mitos? Insumisa Eva, despiadada Mesalina, terrorífica Medusa, enajenada Medea, Dama de Hierro Sra. Thatcher, impune Esperanza Aguirre, implacable Susana Díaz, bruja malvada de la inocente Blanca Nieves. Y la serie podría continuar…

Sin duda la incorporación de las mujeres en todos los órdenes de la sociedad, una conquista jalonada de innumerables luchas en la historia de Occidente es un merecidísimo triunfo cívico para nosotras. Pero la diferencia sexual es otra cosa, y la violencia en el seno las parejas, física o moral, la ejerza él o ella, es un dramático ejemplo.

¿Qué empuja a ejercerla? Indefectible apelar aquí a la casuística del uno por uno, principio inexorable del campo psicoanalítico, pero algunas líneas pueden trazarse en función de lo que enseña el psicoanálisis sobre las posiciones sexuadas.

Del lado masculino hay lo que Lacan designa como la teoría sádica de la sexualidad, que involucra una fijación anal. Son hombres cuya problemática relación con el deseo les lleva a ejecutar un acto agresivo para recuperar su deseo, colocando al partenaire al borde de su desaparición.

El prejuicio del tercero como condición de la vida erótica también puede desembocar en la violencia, cuando los celos se apoderan del sujeto hasta el extremo del pasaje al acto, pudiendo agredir lo que más quiere. Cuando en el extremo la eliminación del partenaire se acompaña del suicidio del criminal, estamos ante lo que Lacan designaba como crímenes de Superyó; la mano ejecutora vuelta sobre el propio ejecutor.

Del lado de las mujeres no hay que creer que cuando se consiente a la violencia se trata de masoquismo femenino, el que Lacan adjudicó más bien a un fantasma de los hombres. Asistimos más bien a una manifestación de la locura femenina, a una ausencia de límites en las concesiones que una mujer puede hacer a un hombre, a la espera de obtener los signos de un amor, decepcionado y decepcionante.

Concluyo con una cita de nuestro recordado José Antonio Naranjo “…si la responsabilidad moral y penal de estos hechos cae sobre el victimario, esto no quita que la víctima esté advertida de con quien vive o convive. Es conveniente saber que cuando se pisa la cola a la serpiente, es esperable el retorno en forma de mordedura.” [1]

*Psicoanalista de la AMP (ELP)

Texto presentado en las XV Jornadas de la ELP, “Mujeres. Un interrogante para el Psicoanálisis”, realizadas en noviembre de 2016 en Madrid.

BIBLIOGRAFIA

Lacan J. Seminario VIII “La transferencia”, cap. XVI, “Demanda y deseo en los estadios oral y anal”, p.239.

Fernández Blanco, Manuel: “Notas para una teoría lacaniana sobre ls violencia sexual y el femicidio”. Revista El Psicoanálisis Nº 20. p.154

Fernández Blanco, Manuel. “La violencia sexual”. Intervención en la Mesa Redonda sobre “Violencia de género” organizada por la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid, el 5 de octubre de 2016.

Esteban Diezma, María del Prado y Mora, Félix Rodrigo. “Feminicidio o autoconstrucción de la mujer”. Volumen I: Recuperando la historia. Ed. Aldarull

[1] Notas sobre la violencia doméstica. En el libro Razón del Psicoanálisis. R.B.A. Libros, Barcelona 2006. P.46.