Lo que la dictadura dicta y dura

Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía)

Laura Canedo*

En relación a la cuestión de los derechos civiles, me parece oportuno traer a colación esta ley del Código Penal español. Una ley de impunidad y olvido (amnistía, del gr. ἀμνηστία amnēstía; propiamente ‘olvido’), que ha comportado 40 años de renuncia por parte del Estado a revisar cuatro oscuras décadas de nuestra historia.

1. Aprobación

Fue aprobada en 1977, poco después de las primeras elecciones libres. Previa a la Constitución sobre la que se cimentó nuestra entonces incipiente democracia, a modo de presupuesto ético-político devino marca y marco de la transición. La historia de España atravesaba entonces un periodo sumamente delicado en el que no había garantías de acabar con el régimen anterior.

La precedió otra ley que había amnistiado los actos políticos y de opinión (1976). La actual es una modificación de aquella, en la que los indultos se ampliaron con un: “cualquiera fuese su resultado”. Este matiz, introducido entre otros, hizo que en el nuevo marco legal, los delitos de asociación, reunión y manifestación, quedaran equiparados judicialmente a los de tortura, desaparición, genocidio o lesa humanidad. Y que aquellos que habían impedido el derecho a la libertad, a la vida, al pensamiento, recibieran el mismo trato que los que habían defendido los valores democráticos. El Estado renunció de esta manera a ejercer coacción penal.

Fue por entonces aprobada por una inmensa mayoría -296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones-, con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios y la abstención de AP.

Desde entonces han sido férreas tanto su aplicación como la renuencia a su modificación, incluso tras décadas de haberse dado por finalizada la transición.

2. Aplicación férrea

A nivel nacional, el juez Baltasar Garzón presentó un censo de 140.000 casos de desaparecidos. Tras declarar la Audiencia Nacional la incompetencia del juez, el Tribunal Supremo admitió a trámite la acusación por parte de Manos Limpias y Falange Española de prevaricación, y el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió de sus funciones.

A nivel internacional, las denuncias realizadas por otros países por delitos imprescriptibles (lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada) cometidos en España, no han prosperado. Ello no obsta que los tribunales españoles sí hayan enjuiciado delitos del mismo orden cometidos en otros países.

3. Renuencia a la modificación

La ONU, en el marco que establece para la resolución de conflictos, aborda la justicia de transición de las dictaduras a la democracia. Allí plantea que es el Estado quien debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Esta ley, no sólo no cumple con el marco establecido por la ONU; incumple y contradice compromisos internacionales suscritos por España (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos, etc.). Su derogación ha sido solicitada de forma reiterada por organismos internacionales (Human Rights, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU). Nunca ha sido desactivada, alegando, entre otras cuestiones, que la Constitución impide reactivar una responsabilidad extinguida.

Pero son los partidos políticos los que han hecho abortar los intentos de poner fin a la impunidad. En 2011 el BNG propuso en el Congreso una modificación que excluyera de su alcance los delitos de genocidio y lesa humanidad. Obteniendo el apoyo solo de ERC, fue rechazada gracias a los partidos mayoritarios (PP y PSOE) y de CiU, y a la abstención del PNV. A finales de 2016, Podemos hizo una solicitud similar, con resultado también similar, al que se sumó el rechazo de C’s.

La última propuesta, en octubre de 2017, fue registrada en el Congreso por diputados de Podemos, Compromís, En Comú Podem, EH-Bildu, ERC, En Marea y PdeCat. No hay ninguna posibilidad de que prospere sin el apoyo del PSOE. Tampoco es probable que lo haga la iniciativa de incorporar el principio de legalidad internacional al Código Penal español.

El único avance ha sido la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica (2007, Zapatero). En ella se establecen medidas a fin de dignificar la memoria y los valores de los represaliados por la defensa de la democracia. No obstante, no anula ni la impunidad ni el veto a investigar. Por otro lado, es una ley que está inactiva de facto desde 2011, al contar con 0€ en los PGE (gobierno del PP).

4. Lo que no cesa

En los últimos años han ido en aumento los intentos de exhumación e identificación de cadáveres; a cuentagotas se van abriendo algunas de las 2500 fosas comunes mal catalogadas. La dejación institucional hace que esta labor sea asumida con financiación privada por familiares y asociaciones, con la intervención en ocasiones de gobiernos municipales y/o autonómicos. En cada ocasión el obstáculo jurídico impide toda investigación.

Todo indica que esto no cesará, siendo que una desaparición no es un límite, y siendo que la sepultura, que da cuenta de un valor esencial del lenguaje, es una verdadera necesidad para los familiares. Y no cesará si tenemos en cuenta también que el tiempo de prescripción de delitos se congela hasta el reconocimiento de un desaparecido, o incluso es imprescriptible si es considerado como desaparición forzada.

Como expresa Lacan: “No se trata de terminar con quien es un hombre como con un perro. No se puede terminar con sus restos olvidando que el registro del ser de aquel que pudo ser ubicado mediante un nombre debe ser preservado por el acto de los funerales.”[i] Pero además, nos advierte a renglón seguido de lo que se agrega a esto: “(las) nubes de lo imaginario se acumulan a su alrededor, y todas las influencias que se desprenden de los espectros se multiplican en la vecindad de la muerte.” En nuestro caso, muertes nada naturales.

5. Lo que retorna

El Estado español falta a su deber con la aplicación de esta ley. En lo penal, al negarse a considerar las denuncias de violaciones cometidas. Pero también en lo civil: en la reconstrucción de la memoria histórica y el derecho a la verdad; en la reparación y restitución de la dignidad de la causa de las luchas, al negarse a anular las sentencias dictadas por tribunales franquistas. Y falta al compromiso de garantizar la no repetición, al blindar la historia y sus restos.

Se trata de cuestiones que habiendo sido establecidas en un periodo sumamente delicado, no han sido revisadas; de un punto de detención de los avances de nuestra democracia, que como todas, siempre está en construcción. De una dimisión que implica a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), y que los enreda.

En los choques de acciones y reacciones a los que asistimos últimamente, con actos cuestionables en una democracia, retornan en tormenta las nubes de lo imaginario que siempre nos han acompañado, las influencias que se desprenden de los espectros de esta ley y de lo que ella oculta.

6. Atravesar barreras

Tomándolo en un símil, diríamos que lo olvidado “es aquello para lo cual todo está hecho para que no piense –la hediondez, la corrupción, siempre abierta como un abismo- pues la vida es la podredumbre.”[ii] Sabemos que no se atraviesa esto sin esfuerzos. Confieso lo logrado en mí durante años de este “que no piense”, a modo de conjunción de esta ley con mi inconsciente. Quizás retoños de una infancia transcurrida bajo una dictadura, pero también efectos aún de la española. Se trata siempre de hacer con la dictadura, con lo que dicta y con lo que dura; con el goce. Hizo falta ejercicio de esta disciplina principal del análisis frente al “yo no quiero saber nada de eso”, para poder escribir hoy sobre esta ley. Hizo falta despertar de un anhelo de olvido; de un sueño de amnesia sobre lo ominoso. Hizo falta atravesar barreras de desconocimiento y silencio que esta ley produce incluso sobre ella misma. Hizo falta también un llamado a hablar en defensa de los derechos civiles.

No parece posible el amparo de estos derechos por parte de un estado democrático sin asumir la historia. ¿Podremos avanzar hacia este real y convivir de otra manera con sus restos? ¿Podrá España escribir la historia que perdura sin inscripción, sin lugar, sin cuerpos?

Además de un deber, sería ya una nueva apuesta por una democracia que fuera más allá del anhelo de un olvido imposible, del silencio y del horror a saber.

 *Psicoanalista, miembro de la AMP (ELP).

[i] Lacan, J., El seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis. Ed. Paidós, 1988, p. 335.

[ii]Ibid, p. 279