Universidades en el camino de la justicia y la verdad

Gabriela Naso*

Distintas casas de estudios de toda la Argentina llevan adelante acciones interdisciplinarias de apoyo y acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Como parte de las investigaciones judiciales. por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, distintas universidades públicas han actuado en diferentes causas para brindar apoyo y acompañar a víctimas, testigos y querellantes. En líneas generales, las casas de estudio realizaron tareas de relevamiento, sistematización y análisis de información; reconstrucción biográfica, de individuos, grupos y organizaciones; y atención psicológica a sobrevivientes y familiares de víctimas del Terrorismo de Estado. Algunas universidades se constituyeron en querellantes, mientras otras abrieron sus puertas y prestaron sus instalaciones para la celebración de los juicios.

Se trata de diversas formas de aportar a una instancia que tiene como propósito sancionar delitos que agravian a la toda humanidad y reponer, a través de la articulación de las memorias singulares, la porción de historia arrebatada a la memoria colectiva.

Observatorio de Crímenes de Estado

Para Malena Silveyra, coordinadora del Observatorio de Crímenes de Estado (OCE) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “entender, problematizar y analizar la experiencia genocida es, de algún modo, preguntarnos por quienes no sobrevivieron a los campos de concentración, pero también por la sociedad previa al aniquilamiento: cómo eran (cómo éramos, en términos históricos), por qué fue necesario un genocidio en Argentina y, sobre todo, como eso nos transformó y forma parte de quienes somos hoy”.

Creado en 2017, el OCE tiene sus antecedentes en la cátedra de Análisis de las prácticas sociales genocidas, desde la cual Daniel Feierstein, actual director del Observatorio, y Guillermo Levy impulsaron los primeros proyectos y debates “en torno a la calificación del caso argentino como genocidio”. En conversación con este Suplemento, Silveyra recordó que comenzaron a trabajar en 2001, junto con la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), “con entrevistas a sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención de todo el país” para la creación del Archivo testimonial de ex detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Tras la reapertura de las causas, el Equipo de Asistencia Sociológica a Querellas (EASQ), integrado por profesionales y estudiantes de sociología, historia, abogacía, psicología y economía, entre otras disciplinas, comenzó a trabajar con la querella ¡Justicia Ya! y, luego, con distintos colectivos querellantes “en la sistematización y análisis de información sobre el sistema concentracionario y en el debate sobre la calificación jurídica, acompañando el pedido de los sobrevivientes de que los tribunales dijeran lo que en las calles se sabía desde hacía tiempo: que entre 1975 y 1983 Argentina fue víctima de un genocidio”.

En el camino de la Justicia, el equipo actuó en la Megacausa Operativo Independencia I, Megacausa Circuito Camps, Causa Vesubio y Causa ABO I. También participó en Megacausa ESMA III, junto con la AEDD, donde realizó “un seguimiento de las audiencias del debate” y abordó “algunas prácticas particulares y sus efectos en la destrucción subjetiva”, enfocándose en el análisis de los delitos sexuales y del trabajo esclavo al que eran sometidos los detenidos-desaparecidos. Asimismo, desde 2010 trabaja con la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte “en la sistematización de la escasa, fragmentada y dispersa información” sobre Campo de Mayo.

Según Silveyra, “el trabajo con las querellas fue cambiando con los años. Por un lado, porque el proceso judicial fue avanzando y lo que era una necesidad en las primeras causas ya estaba disponible para las siguientes. Por otro lado, la información disponible sobre los campos de concentración no es la misma”. En otras palabras: los avances en las investigaciones judiciales “promueven nuevas preguntas”, en función de las cuales también los aportes se modifican.

Apoyo a los juicios

En 2007, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se constituyó como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, en coordinación con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esa ciudad. Desde entonces, actuó en los procesos judiciales de Circuito Camps, La Cacha, Brigada de San Justo, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

La prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad, Verónica Cruz, manifestó a este Suplemento que la “participación institucional es un imperativo ético” para la casa de estudios, “teniendo en cuenta que más de 700 personas vinculadas a la UNLP fueron detenidas-desaparecidas y/o asesinadas por el terrorismo de Estado”.

En esa línea, la Universidad realizó tareas de relevamiento, sistematización y análisis de información, acompañó a las víctimas de la comunidad universitaria y visibilizó los procesos de enjuiciamiento.

En 2019, se creó el Grupo de Apoyo a Juicios, dependiente de la Prosecretaría de DD.HH. La iniciativa, explicó Cruz, surgió a raíz de “pedidos específicos de colaboración realizados por la Justicia Federal platense en juicios por delitos de lesa humanidad, en particular en la causa que investiga responsabilidades en la persecución sufrida durante la última dictadura por les trabajadores del Astillero Río Santiago”.

A partir de esas experiencias y frente al inicio del juicio por los hechos sucedidos en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús, como parte del Circuito Camps, comenzó a tomar forma el Programa de Apoyo a Juicios. Coordinado por la Dirección de Programas de Memoria y Reparación histórica, dependiente de la Prosecretaria de DDHH de la UNLP, se propone “como una construcción colectiva de las unidades académicas, docentes, no docentes, investigadores y estudiantes nucleades en las respectivas organizaciones gremiales y los medios de comunicación de la UNLP”.

En relación al juicio iniciado en 2020 y que reúne 442 casos de Banfield, Quilmes y Lanús, con 18 imputados y 481 testimoniantes, el Programa busca “visibilizar el juicio oral, teniendo en cuenta su relevancia y el especial contexto en el cual debe llevarse adelante, debido a las condiciones planteadas por la situación sanitaria, producto de la pandemia”; “rescatar historias de quienes transitaron los CCD, tanto personas que resultaron desaparecidas o asesinadas como sobrevivientes, a fin de contribuir a potenciar las memorias y el pasado reciente como dimensión sustantiva de la educación superior” y “promover y poner en marcha de actividades de sensibilización y formación en torno al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura”.

Acompañamiento a víctimas

Para el psicoanalista y titular de la cátedra Psicoanálisis Freud I de la Facultad de Psicología de la UBA, Osvaldo Delgado, la asunción por parte del Estado de la responsabilidad en las prácticas represivas y sus implicancias, a través de los procesos judiciales, abre una “dimensión reparatoria”, aún cuando requiera la narración de hechos angustiantes.

“Por un lado, testimoniar tiene un valor angustiante, por el recuerdo de la situación traumática. Pero, al mismo tiempo, la construcción del testimonio permite efectos importantes” porque “hay un tratamiento distinto del trauma, un cambio en la posición en relación a la angustia y, por lo tanto, un mayor despliegue del campo del deseo”, explicó Delgado en conversación con este Suplemento y remarcó la importancia de que sobrevivientes y familiares cuenten con “acompañamiento terapéutico”. En esa línea, la cátedra cuenta con un dispositivo clínico de Atención a Víctimas de Violencias, que funciona en el Hospital del Clínicas en el marco del Programa Psicoanálisis y Derechos Humanos, desde el cual trabaja con víctimas del Terrorismo del Estado.

En sintonía con Delgado, María Nazabal, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), consideró “fundamental” la constitución de espacios desde los cuales “generar estrategias de abordaje que trasciendan la coyuntura del juicio oral y acompañen el proceso singular de cada víctima” según su requerimiento. Con ese enfoque, en 2014 se conformó en Tandil un espacio técnico interdisciplinario e interinstitucional de “Acompañamiento a víctimas, testigos y querellantes en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad”, que depende del Área de Derechos Humanos de la Unicen, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos Distrito VIII, el Grupo Memoria por la Vida en Democracia y profesionales comprometidos con la temática.

Por su parte, María Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y directora del proyecto de investigación “Efectos subjetivos en relación a lo traumático en testimonios de testigos en juicios por crímenes de lesa humanidad”, sostuvo que “el acompañar a los testigos que han atravesado la experiencia de lo traumático, en la construcción del testimonio, se vuelve una medida de protección e implica y desata un trabajo en sentido, singular y colectivo”.

Del estudio a miembros de equipos de acompañamiento y asistencia integral a querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado de Paraná, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires se desprende que éstos funcionaron “como un modo singular de alojar”. “Lo que se aloja es la palabra del sujeto que testimonia, su valor de verdad, darle valor a su realidad psíquica”, apuntó Benedetti y explicó: “Si bien los equipos acuerdan en que hay un punto de irreparable en lo que aconteció y continúa aconteciendo como efectos del terrorismo de Estado, alojar al sujeto es un modo de reparar desde el Estado”.

Gabinete de Antropología Forense

A fines de 2015, por pedido de la Fiscalía Federal de Corrientes, un grupo de docentes y estudiantes del Instituto de Criminalística de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) comenzó a colaborar con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en las tareas que realizaba en el cementerio de Empedrado. Tres años después, el equipo integrado por docentes, alumnos y egresados de Criminalística, Abogacía, Humanidades, Ciencias Exactas y Medicina se formalizó con la creación del Gabinete de Antropología Forense del Nordeste Argentino (Gafnea).

“Los primeros trabajos realizados con la Justicia siempre fueron en conjunto con profesionales del EAAF y constituyeron verdaderos encuentros de formación y capacitación para los integrantes del Gafnea, porque, además de las actividades de campo, se generaban encuentros de capacitación teórica en las aulas universitarias”, contó Sebastián Streuli, coordinador general del Gabinete, a este Suplemento.

Como auxiliar de la justicia, el equipo realizó diversas tareas en Corrientes, Empedrado, Bella Vista, Goya, Mercedes y Paso de los Libres, desde relevamientos documentales y planimétricos, hasta intervenciones arqueológicas. “A lo largo de estos cinco años de trabajo continuo, se pudo restablecer la identidad de tres desaparecidos, quienes estaban sepultados como NN en los cementerios de Empedrado y Mercedes”, destacó Streuli.

Ahora, desde el Gabinete aguardan las resoluciones judiciales que les permitan planificar las actividades de campo que quedaron pendientes, debido a la pandemia, para “dar respuestas a las requisitorias periciales que emanen de la justicia”.

*Periodista especializada en derechos humanos.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/330159-universidades-en-el-camino-de-la-justicia-y-la-verdad

Fotografía seleccionada por el editor del blog.

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