CATALUÑA, LOS SÍNTOMAS

Eduard Gadea*

Hay un momento relevante en la reciente historia de Cataluña que vale la pena recordar y analizar para reconocerle su justo valor por los cambios que introdujo y su repercusión en la inmediata posteridad. Se trata de un momento en el que algunos sitúan el origen de todos los males, pero que a mi entender más bien representa un paso decisivo a un más allá de algunos males en Cataluña y el inicio de la desaparición de ciertos velos en el ámbito político español.

Me refiero a diciembre de 2003 cuando, en las elecciones al Parlament de Catalunya, la hasta entonces preponderante mayoría nacionalista durante 23 años perdió su hegemonía. De la mano de Pasqual Maragall, político independiente incluso de su propio partido, una nueva mayoría catalanista, pero no nacionalista, conquistó el gobierno de la Generalitat. Fue la época del primer tripartito.

Cataluña consiguió así plantear sus reivindicaciones fuera del marco identitario en que hasta entonces se habían formulado. Fue un momento decisivo por que abrió paso a una afirmación de catalanidad no identificada a una lengua única, el catalán, ni a una tradición cultural permanente a través de los siglos, milenaria, como hasta entonces se había entendido.

De un “para todos los catalanes que lo sean de verdad”, donde ese “verdad” contiene una evidente carga moralizante y mortificante, se pasó al reconocimiento de una Cataluña plural, plurilingüe, multicultural… El síntoma catalán, su nacionalismo excluyente y generador de segregación, que había hecho que algunos ciudadanos procedentes de otras zonas del Estado español no se sintieran concernidos en anteriores convocatorias electorales catalanas y cuyo sujeto era la propia ciudadanía mayoritaria de Cataluña que se lamentaba de ello con amargura, obligó a replantearse la situación. Cataluña y sus reivindicaciones de autogobierno habían sido cosa de algunos que a otros no afectaba y que incluso molestaba por no sentir el asunto como propio. El tema llegó a generar malestar a unos por impropio y a otros por no ser tomado en serio. Muchos ciudadanos de entre los partidos catalanistas que hasta entonces sólo habían considerado los rasgos identitarios como propios, empezaron a desmarcarse de ese planteamiento para asegurarse la pervivencia de la lengua catalana, por ejemplo, sin la exclusión del castellano, ni el requerimiento de la adhesión a los postulados nacionalistas. Podríamos decir que en el  plano político se aceptó lo que era habitual en la sociedad civil, el paso a una sociedad ya no cerrada, sino abierta. ¿Cómo si no, se hubiera podido mantener la convivencia hasta entonces? De esta forma el síntoma catalán en Cataluña se hizo más llevadero y las reivindicaciones de autogobierno adquirieron otro cariz.

Sin embargo, si atendemos a la reacción del otro lado de la mesa de los convocados al diálogo, más hipotético y deseable que real, vemos primero que se siguió escuchando la propuesta de un nuevo Estatut en términos de reivindicación identitaria y por eso cuando las negociaciones encallaron en torno al artículo que definía Cataluña como nación, Zapatero llamó a consultas al jefe de filas convergente para hacerle saber que sólo era admisible un concepto etnicista, identitario de nacionalidad.

Segundo, todo ello se hizo en nombre de una Constitución, mayoritariamente votada en Cataluña en su momento porque representaba la llegada de la democracia, que reservaba el término nación al pueblo soberano de España en su totalidad y que no admitía fraccionamiento. Es decir, la España nación sólo aceptaba el diálogo en términos nacionalistas culturales para Cataluña. El proceso de discusión del Estatut en el Congreso de los diputados y la posterior acción de gobierno española, entonces ya en manos de otro partido nacional, el PP, pusieron bien a las claras que no sólo era una de las partes la que se admitía al diálogo como participante nacionalista, sino que la otra hacía gala de un nacionalismo extremo bien manifiesto en sus propuestas sobre educación o cultura, por ejemplo. A todas luces, el famoso artículo sobre indisoluble unidad se lee como previo a todo el resto del articulado y se ignora su referencia a las nacionalidades. No en vano, España es, según algunos, la nación más antigua no de Europa, sino del mundo entero que ha realizado gestas tan gloriosas como la colonización y evangelización de América.

Tercero, Pascual Maragall fue defenestrado por el lobby más españolista del PSOE con la consiguiente sangría para el PSC, partido hasta entonces muy transversal y hegemónico en el plano municipal, que aún dura. A la Cataluña no nacionalista, europeísta y con preocupaciones de tipo social se le empezó a plantear la pregunta sobre su continuidad en España, sobre si hay futuro en ese estado para las aspiraciones de la ciudadanía demócrata.

Sin detenernos en más detalles históricos ni en análisis estrictamente políticos de la situación, lo que puede constatarse es que del lado español puede haber diálogo en términos nacionalistas, pero sin que se planteen reformas democráticas o sociales. El conflicto estaba servido dado que la nación etnicista de raíz romántica germana tiene un momento de exaltación, para luego caer en una prolongada nostalgia melancólica de lo que nunca llegó a ser. Pero, tal como ya ha sido señalado por Toni Vicens en este blog, la movilización catalana por el derecho a decidir hay que inscribirla en un movimiento más amplio que, a partir de la crisis, busca profundizar la democracia, las libertades civiles y el estado social. Su origen en este caso es la autoproclamada nación republicana de la revolución francesa.

Cataluña se decidió a tratar su síntoma nacionalista, que tenía como coste la exclusión de una parte de su ciudadanía, a partir de un cierto momento y de la mano de un líder modernizador que supo aglutinar sensibilidades de origen diverso. España ha continuado y exacerbado su nacionalismo desde el inicio de la crisis catalana y muy especialmente con los últimos acontecimientos. El velo del patriotismo constitucional de la “ejemplar e integradora transición” ha caído definitivamente para dejar a la vista de todos el nacionalismo más tradicional de concepción cerrada, uniformista y agresiva. El “todos constitucionales” ha pasado a acompañarse del “a por ellos”. La extrema derecha campa a sus anchas con los símbolos constitucionales y preconstitucionales, dando palos con la robustez de los mástiles de siempre.

El malestar que el refortalecido nacionalismo español genera no afecta sólo a Cataluña, sino que también se extiende entre todos aquellos españoles que quisieran cambios del status quo. Se han dedicado esfuerzos e iniciativas parlamentarias para garantizar a todos el acceso a los toros como “bien cultural”, pero no a la vivienda.

Como el tratamiento democrático del síntoma nacionalista requiere cambios legales y constitucionales que no se quieren, se ha substituido la fuerza de la ley por la ley de la fuerza

Para valorar el fenómeno en toda su relevancia, tengamos en cuenta que, entre otras cosas, la fuerza de la ley consiste en que a partir de alguna prohibición se abre un campo de posibilidades para muchos con diversidad de opciones. Evidentemente algo queda fuera del ámbito permitido por la ley, pero hay espacio para la elección subjetiva y su pluralidad. La ley y la libertad están articuladas. Al sujeto se le da la posibilidad de afirmar su singularidad dentro de unos márgenes. Si la ley es aplicada como norma, lo que ocurre es que se imponen preceptos desde determinados ideales que no tienen por qué ser compartidos o que incluso provocan rechazo de acuerdo con la causa de cada cual. El ámbito público se convierte entonces en un espacio de malestar para algunos. El nacionalismo recurre a la interpretación de la ley como norma y eso genera malestar y exclusión. Es una de las formas del estado totalitario. La casi permanente confusión en España de la igualdad de derechos con la uniformidad en el sentir (de la lengua, de las tradiciones culturales, de la representatividad de los símbolos, de la interpretación de la historia…), en nombre de la nación “una” es un tipo de mercado común con evidentes efectos de segregación. La lectura de la Constitución como si de un texto sagrado se tratara y con interpretación unidireccional, la sitúa como un Otro absoluto, sin falta, de muy difícil modificación, que no sirve para regular la convivencia, ni como marco de una sociedad plural en que se pueda vivir de acuerdo con las invenciones singulares, sino sólo según el “sentido común”.

Cataluña, afortunadamente para su ciudadanía, superó su momento de mayoría nacionalista. Entre los que defienden un cambio político en profundidad no sólo hay diferencias muy notables, sino que lo hacen en dos o más lenguas, con creencias plurales, con objetivos políticos diferenciados y con estilos de vida, con goces, muy diversos. Lo que les une es un marco de referencia republicano de concepción de la nación de ciudadanos, de sujetos de derechos. Esa relativa novedad es quizás el núcleo del síntoma catalán de España. Aceptar la diferencia, sin confundirla con el privilegio, parece un largo camino que en todo caso el nacionalismo español ni quiere ni sabe cómo recorrer, porque desborda su concepto cerrado de nación que sirve para no plantearse la cuestión sobre la no uniformidad del goce entre los ciudadanos con un mismo pasaporte. La igualdad de derechos abre paso a la diferencia en su ejercicio.

Mientras, más malestar para muchos en la España “una del sentido común” que “algunos desleales quieren fragmentar”.

*Psicoanalista, miembro de la AMP (ELP).